La Directiva, tal y como ha sido aprobada, afectará únicamente a determinados sectores industriales, establecidos en una lista, en lugar de alcanzar a cualquier actividad que pueda causar daños ambientales. Ello supone limitar gravemente el alcance de la Directiva sobre todo teniendo en cuenta que la industria nuclear y del petróleo están fuera de la lista.

Especialmente grave resulta que la Directiva aprobada no incluya la obligatoriedad de que las industrias de alto riesgo estén cubiertas por un seguro que garantice que los gastos de limpieza medioambientales no son pagados por los contribuyentes en caso de insolvencia, como ocurrió en el vertido de lodos tóxicos de Boliden Apirsa, la empresa minera de Aznalcollar.