El enclave denunciado se encuentra dentro de los lí­mites del espacio natural protegido como Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Además de contar con esta figura de protección, el paraje está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cáceres como suelo no urbanizable de especial protección

La proliferación de estas construcciones ilegales dentro del citado espacio protegido no es nueva ni está limitada a esta zona. En la actualidad se pueden localizar al menos otros tres núcleos de población que no se adecuan a la legislación urbaní­stica y ambiental. Sin embargo, la construcción masiva en la zona de "El Collado", en el territorio más sensible de la ZEPA, está ocasionando un impacto significativo sobre este paraje lo que podrí­a suponer, incluso, su calificación como delito de acuerdo al Código Penal

Por un lado, supondrí­a un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, recogido en el artí­culo 330 del Código Penal, para quien dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificar un espacio natural protegido. Por otra parte, se cometerí­a una infracción contra la ordenación del territorio, recogida en el artí­culo 319 del Código Penal, para aquellas construcciones no autorizadas en ["¦] lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor ecológico o hayan sido considerados de especial protección. Y por último, podrí­amos estar ante un delito contra la protección de la fauna (artí­culo 334 del Código Penal), para quienes impidan o dificulten la reproducción o migración de especies amenazadas, en este caso el Aguilucho Cenizo y la Avutarda.

Responsabilidades de las autoridades regionales y locales

En opinión de las tres asociaciones conservacionistas existe una clara responsabilidad de las autoridades que no han tomado las medidas pertinentes para evitar estas construcciones. Por un lado la Dirección General de Medio Ambiente no ha tomado las medidas que la legislación le otorga para evitar el deterioro de este hábitat y la conservación de este espacio natural protegido. Por otro lado, el ayuntamiento de Cáceres deberí­a ejercitar el control de la disciplina urbaní­stica y propiciar el restablecimiento de la legalidad urbaní­stica violada.

Los conservacionistas aseguran que con el retraso en el ejercicio de sus competencias por las administraciones implicadas (Junta de Extremadura y ayuntamiento de Cáceres), se está dejando desprotegido un bien de todos como es un espacio natural. Por todo ello, las tres asociaciones afirman haberse visto obligadas a ejercer acciones judiciales, con el fin de solicitar la ayuda de la justicia para evitar que el espacio natural protegido de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se convierta en una zona urbanizada ante la indiferencia de los ciudadanos y administraciones encargadas de su conservación.

Polémica en Sierra de Fuentes

Los conservacionistas critican el uso tendencioso y la manipulación de la información que se está realizando por parte de algunos sectores en la localidad próxima de Sierra de Fuentes. En primer lugar porque las construcciones denunciadas están en el término municipal de Cáceres, y por tanto les afecta el PGOU de Cáceres y no las normas subsidiarias de Sierra de Fuentes. Por otro lado, el ayuntamiento de Sierra de Fuentes está favoreciendo la falsa polémica para propiciar el resentimiento hacia la ZEPA y promover la exclusión de su término municipal de la misma, cuestión claramente prohibida por las directivas comunitarias. Además, no es la protección de la ZEPA la mayor traba a la urbanización de la zona, sino que es la propia legislación urbaní­stica de Extremadura la que lo prohí­be en primer término, al exigir para construir en suelo rústico no urbanizable, una parcela de hectárea y media como mí­nimo.

Denuncia ante la Comisión Europea

Por otra parte, está previsto que las asociaciones denuncien ante la Comisión Europea que en este paraje, incluido en la red europea Natura 2000, se están incumpliendo sistemáticamente directivas comunitarias de obligado cumplimiento para los paí­ses miembros de la Unión Europea, como son la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.