La huelga del 20-J, la crisis del "™Prestige"™ y la guerra en Iraq, con la escandalosa manipulación informativa por parte de diversos medios públicos de comunicación, especialmente la televisión, ha vuelto a evidenciar lo que constituye una tara congénita del sistema público de comunicación en España: la apropiación indebida por parte de cada Gobierno (estatal, autonómico o local) de los medios públicos que debe de garantizar, pero que en modo alguno -con la Constitución en la mano- deberí­a controlar y manipular.

La falta de objetividad, de imparcialidad y de respeto al pluralismo en los Informativos, y la banalidad de gran parte de la programación, que se rige más por criterios de audiencia que de servicio público, han puesto en crisis un modelo heredado de la transición y que ya exige cambios radicales si se quiere legitimar la radiotelevisión pública y la agencia EFE y garantizar su viabilidad.

Por eso, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) plantea como objetivo urgente la elaboración de una nueva legislación sobre los medios de comunicación de titularidad pública, que contemple una definición clara de su misión y sus funciones, que garantice su financiación estable, y que asegure la independencia de esos medios a través de una Autoridad Audiovisual competente y de la neutralidad y capacidad de sus órganos de dirección y de gobierno.

Desde la FeSP proponemos este nuevo modelo, necesario para una verdadera democracia, al conjunto de la profesión periodí­stica, a los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, a todas las instancias sindicales y sociales vinculadas a la comunicación, y lo presentamos a las fuerzas polí­ticas para que asuman sus contenidos e introduzcan en el actual sistema de comunicación pública los cambios legislativos imprescindibles para avanzar en la calidad democrática de nuestra sociedad.

Pacto de Estado

Esto exige un pacto entre los partidos para situar los medios públicos fuera del combate partidista; un consenso básico para que el Estado, las Autonomí­as y las Administraciones Locales garanticen la existencia de unos medios independientes, competitivos, de calidad e imparciales. Ese acuerdo, básico para garantizar el derecho a la información, requiere de las siguientes condiciones:

— - Las Administraciones deben garantizar la existencia de los medios públicos de comunicación, habida cuenta de que el mercado no garantiza las funciones polí­ticas y socioculturales que, según las normativas europeas, son exigibles a la radiotelevisión, que es un medio de difusión de masas. Pero no deben ejercer ningún control polí­tico, directo o indirecto, sobre su funcionamiento.

— - Debe definirse con claridad el servicio público que esos medios deben ofrecer a la sociedad. Más allá de "informar, formar y entretener", deben asegurar una programación de calidad para el conjunto de la población, garantizar el pluralismo, preservar los valores constitucionales y estatutarios, promover la cultura y la educación, reforzar la identidad y la cohesión social, los valores solidarios, potenciar el acceso universal a las nuevas tecnologí­as, proteger a la juventud y a la infancia, defender los intereses de las minorí­as y promover la industria audiovisual.

— - La propuesta de financiación ha de ser clara y estable, y permitir la planificación de la programación a largo plazo. Los "˜contratos-programa"™ plurianuales aseguran la concreción de la misión y las funciones del servicio público, más las formas de financiación que se corresponden con ellas, mayoritariamente públicas, aunque sin cerrarse a la publicidad. Siempre considerando "servicio público" el conjunto de la programación.

Autoridad independiente

— - La independencia de los medios públicos exige una Autoridad Audiovisual independiente de ámbito estatal, junto a las de las comunidades autónomas y corporaciones locales con medios propios; a las cuales deberán traspasarse parte de las funciones que ahora ejercen los Gobiernos central, autonómicos y locales. Esta Autoridad Audiovisual debe estar dotada de independencia polí­tica y financiera y debe tener capacidad sancionadora. Sus miembros deben ser nombrados por los Parlamentos y corporaciones locales correspondientes, por consenso o mayorí­a cualificada; incluyendo las cautelas necesarias para asegurar la independencia real de sus miembros, su representatividad y la elección de personas con demostrada capacidad y competencia para el desarrollo de sus funciones.

— - La Agencia EFE, a su vez, y por su especificidad, debe democratizarse con un Estatuto y una Autoridad análoga que garanticen su carácter de servicio público y no gubernamental.

— - Los miembros de la Autoridad Audiovisual deben ser nombrados por unos periodos distintos al de las legislaturas, y estarán sometidos a un severo régimen de incompatibilidades, tanto en relación a cargos polí­ticos como a intereses respecto del sector audiovisual. Su Presidencia se elegirá entre sus miembros o por el Parlamento u organismo correspondiente, previa presentación de su candidatura y objetivos en una "sesión de idoneidad".

— - Esos mismos criterios serán aplicados a los miembros de los órganos de dirección y gobierno de los medios públicos:
* Las Direcciones Generales deben ser elegidas por consenso o por mayorí­a cualificada, directamente por los Parlamentos u órganos equivalentes a otra escala, o por los propios Consejos de Administración, o por la Autoridad Audiovisual; o bien combinando la elección parlamentaria con un "informe de idoneidad" de la Autoridad Audiovisual.
* Los miembros de los Consejos de Administración deben ser elegidos por consenso y no por cuota polí­tica, aplicando los criterios vigentes de independencia y capacidad profesional reconocida. En el caso de que los Consejos de Administración eligieran a la Dirección General, sus miembros serí­an electos a su vez por la representación polí­tica previo informe de la Autoridad Audiovisual. En su seno debe contemplarse la participación profesional y social, bien directamente con representación en los Consejos, o indirectamente a través de Consejos Asesores con competencias reales.

— - La democratización de los MM.PP. que implica la existencia de una Autoridad Audiovisual independiente y la independencia de los órganos de gestión y control debe tener su continuidad en los Estatutos de Redacción o de la Información, que deben amparar la cláusula de conciencia, incluida en ella el derecho de los profesionales a negarse a elaborar información contraria a los principios éticos de la profesión.

Texto í­ntegro del documento en
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