UGT denuncia que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Extranjerí­a más vergonzosa de las realizadas por el Gobierno durante los tres últimos años, tanto por su contenido como por su forma.

Anunciada por el Partido Popular en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales, se ha tramitado a escondidas (sin someterse a la consulta preceptiva del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes) y se verá en el Parlamento coincidiendo con la campaña de las elecciones generales del 2004, con la expresa voluntad de captar votos. Para el sindicato, esta refoma condena a los inmigrantes en situación administrativa irregular a hacerse invisibles y a ser sometidos a la más absoluta desprotección, lo que significa una clara vulneración de los principios fundamentales.

El Gobierno ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros una nueva reforma de la Ley Orgánica de Extranjerí­a (LOEX), una reforma que también se extiende a la Ley de Bases del Régimen Local y a la Ley de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas (LRJAP) y Procedimiento Administrativo Común (PAC). UGT considera que ésta es la más vergonzosa de las reformas emprendidas por el Gobierno. Es fruto de su incapacidad manifiesta y de su nula voluntad para regular adecuadamente la inmigración. Por eso basa su polí­tica en torno a los inmigrantes irregulares en hacerlos cada vez más invisibles.

Es una reforma mentirosa, por cuanto el Gobierno hace gala de que no se toca el régimen de derechos de los extranjeros. Pero la reforma que pretende de la Ley de Bases del Régimen Local provocará que no se empadronen los que estén en situación administrativa irregular.De esta forma, no podrán acceder a los derechos que les reconoce la LOEX y otras normas, como: educación, asistencia sanitaria y servicios sociales básicos. No los elimina, pero imposibilita su ejercicio porque, de reclamarlos, podrí­an ser expulsados.

Situación que resulta paradójica después de las campañas institucionales del propio Gobierno, animando a los inmigrantes a empadronarse e indicando a los ayuntamientos su obligación de hacerlo. Se trata en definitiva, de devolver a los irregulares a la misma situación de invisibilidad, con derechos, pero con temor a ejercerlos. Invisibles pero además sin posibilidad de acceder a la regularidad, encajando esta reforma perfectamente con la firma del convenio por parte del Gobierno con la Organización Internacional de Migraciones para la ejecución de programas de retorno de los inmigrantes irregulares.

Pero además, el cambio sustancial en la LRJAP y PAC, tendrá otro efecto absolutamente indeseable: las normas mí­nimas de garantí­a que establecen todos los procedimientos administrativos desaparecen en los procedimientos relacionados con la extranjerí­a, ya sea el solicitante extranjero o español ¿Es esto asumible en un Estado de Derecho?

UGT considera que el Gobierno disfraza, bajo la excusa de la simplificación administrativa, no sólo su incapacidad de gestionar sino la falta de voluntad de dedicar a la inmigración los recursos necesarios. Existe una diferencia sustancial entre la eliminación de trámites innecesarios y la supresión de fases del procedimiento que garantizan los derechos de los solicitantes. Respecto a las obligaciones de los transportistas, es inaceptable que se haga recaer sobre las compañí­as de transportes y sus trabajadores obligaciones que corresponden a las administraciones.

El Gobierno no da razones sino excusas para emprender esta reforma, excusas como la de la Sentencia del Tribunal Supremo, cuyos contenidos han sido tergiversados y tomados finalmente como argumentos para la reforma de la Ley.

El Sindicato considera que ésta ha sido exclusivamente una decisión polí­tica tomada en una campaña de las elecciones autonómicas y municipales y que será tramitada en los meses previos a las generales. Y será la tercera vez que el Gobierno del PP realiza una reforma de la Ley de Extranjerí­a coincidiendo con una campaña electoral. En el 2004, inevitablemente, la inmigración volverá a ser uno de los temas estrella de la campaña y, como en otras ocasiones, el PP pretenderá esconder los verdaderos grandes problemas de la polí­tica general, exhibiendo una desproporcionada dureza frente a la inmigración.

UGT deplora esta decisión del Gobierno por su contenido y por su forma. Deplora igualmente que una vez más se haya ninguneado al órgano consultivo del Gobierno en materia de inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que no ha tenido posibilidad de informar sobre el anteproyecto de Ley, pese a las promesas del Gobierno.