Esta orden directa, transmitida por la Gerencia Operativa de Sevilla (demarcación territorial que abarca todas las provincias andaluzas), se produce a raí­z del trágico accidente ferroviario de Chinchilla.

Se constata nuevamente un paralelismo con los ferrocarriles de Gran Bretaña, donde el Ministro de Transportes está impulsando el establecimiento, con las empresas ferroviarias, de cláusulas de silencio que permitan enterrar las malas noticias sobre la red ferroviaria.

Otra situación semejante a la británica son las numerosas limitaciones de velocidad en toda la Red ferroviaria que RENFE está implantando ahora por mal estado de la ví­a. Tras el accidente de Hatfield, en octubre de 2001, el Administrador de la Infraestructura británica optó por establecer limitaciones de velocidad y emprender de forma inmediata la renovación de aquellas lí­neas consideradas en estado crí­tico: un total del 50 % de la red.

Esta medida serí­a acertada si se hiciera con honestidad y valentí­a, porque la seguridad debe anteponerse siempre a la velocidad; algo que no parece compatible con el largo y accidentado proceso de inauguración de la lí­nea de alta velocidad Madrid-Lleida. Como medida urgente y provisional puede servir la limitación de la velocidad a las condiciones de la infraestructura, pero no es una medida válida, ni siquiera en el corto plazo, si no se inicia de forma urgente una renovación seria de ví­as y sistemas de seguridad.

Estas actuaciones deberí­an ir acompañadas de un reconocimiento honrado de la situación y una voluntad real de adoptar soluciones eficaces y duraderas. Sin embargo, los intereses económicos particulares que están impulsando la reforma del ferrocarril puesta en marcha por el Gobierno son difí­cilmente compatibles con los intereses de la comunidad.

El Ministerio de Fomento y la Presidencia de RENFE, en su afán de atenerse a su modelo de ferrocarril segregado y privatizado, han optado por la ley del silencio, tratando de evitar que los problemas existan mediante el recurso infantil de ignorar su existencia, negar la evidencia y, cuando esto ya no es posible, culpar a personas reales o a entes ficticios, como la fatalidad, para eludir su propia responsabilidad.

Pero lo cierto es que la responsabilidad del Ferrocarril es del Ministerio de Fomento y de la Presidencia de RENFE, y esta responsabilidad abarca tanto el actual estado de las infraestructuras y la falta de plantilla como las consecuencias que acarreará el modelo de ferrocarril que el Gobierno pretende imponernos.