Con motivo del proyecto de la Reforma del Código Penal presentado por el Gobierno recientemente, Amnistí­a Internacional (AI) solicita que la agresión sexual se considere siempre tortura, que no prescriban los delitos de "tortura" y "desaparición forzada", así­ como sus penas, y que la obediencia debida a un superior no exima de responsabilidad en estos delitos.

Amnistí­a Internacional hace estas y otras reivindicaciones en el Informe "España: medidas para combatir la tortura y la impunidad" presentado hoy.

AI considera que el proyecto de reforma del Gobierno contiene elementos positivos en materia de Derechos Humanos, pero las definiciones de los delitos de "tortura" y de "lesa humanidad" no se adecuan totalmente a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y al Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Entre los elementos positivos del proyecto, Amnistí­a Internacional señala, entre otras, la inclusión del delito de "lesa humanidad", la incorporación de "cualquier razón basada en algún tipo de discriminación" en el delito de tortura o la ampliación de la imprescriptibilidad de los crí­menes de "lesa humanidad" y de "guerra" y de sus penas.

Aún así­, la organización considera muy importante que se aproveche la Reforma del Código Penal para ajustar la definición del delito de "tortura" a la legislación internacional y contribuir, de esta manera, a evitar su impunidad.

Carencias en la definición del delito de "tortura"

El delito de tortura definido en el proyecto de reforma no contiene algunos elementos importantes como:
– "los dolores o sufrimientos graves, ya sean fí­sicos o mentales con el fin de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras".

– la inclusión entre los posibles actores del delito no sólo a funcionarios o autoridades, sino también a "otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".

Asimismo, Amnistí­a Internacional recomienda que, a los efectos de interpretación del delito de tortura, se considere en todo caso por tortura la violación o agresión sexual cometida por agentes del estado u otras personas a instigación suya, con su consentimiento o aquiescencia a una persona detenida o presa.

AI también opina que debe ampliarse la imprescriptibilidad de los delitos de "genocidio", "lesa humanidad" y de "guerra", así­ como sus penas, a los delitos de "tortura" y al de "desaparición forzada" y sus penas.

Por último, la organización de derechos humanos añade que, conforme al Estatuto de Roma, deben incluirse en el delito de "lesa humanidad" el "exterminio, la "esterilización forzada u otras formas de violencia sexual de igual gravedad" y "otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fí­sica o la salud mental o fí­sica".

Torturas en España

A finales de mayo de 2003, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno español indicó que ningún tribunal internacional habí­a condenado a España por un caso de tortura o malos tratos.

Sin embargo, organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité Europeo contra la Tortura, el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas o el Comité de los Derechos del niño han expresado su preocupación por el aumento de casos de tortura y malos tratos en España durante los últimos años.

Amnistí­a Internacional, a pesar de que no cree que en España se torture de forma sistemática, también ha mostrado su preocupación, en reiteradas ocasiones, por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos a manos de agentes del estado tanto a inmigrantes, personas de origen extranjero o miembros de minorí­as étnicas, así­ como a detenidos en régimen de incomunicación.

La organización también ha llamado la atención de la opinión pública por las denuncias de malos tratos en cárceles y el trato inhumano y degradante en centros de detención para inmigrantes así­ como por las afirmaciones de menores extranjeros no acompañados, la mayorí­a de origen marroquí­, de que han sido maltratados y sometidos a abusos sexuales en algunos centros de acogida.