Durante el Foro sobre la Situación de Derechos de los Pueblos Indí­genas en el Estado de Oaxaca, el representante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Aldo González Rojas, dijo que en los meses recientes la situación polí­tica del estado se ha agravado por la falta de respeto a los Usos y Costumbres, lo que genera conflictos polí­ticos en las comunidades.

"Esta ola creciente de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indí­genas no podemos permitir que se quede oculta, necesitamos se documenten y se puedan emitir recomendaciones a los gobiernos federal y estatal para que se solucionen definitivamente esos problemas", afirmó.

Consideró que "las comunidades tienen problemas por tierra, que aunque no son nuevos han resurgido por intereses ajenos al estado y al paí­s, la globalización nos está metiendo en una situación de confrontación interna con la intención de que se desgasten nuestras comunidades para después dejarlas indefensas ante el saqueo de los recursos naturales que están haciendo empresas trasnacionales de distinto tipo", dijo.

González Rojas señaló que "los problemas de las comunidades no se van a resolver solamente con dinero, ni atendiendo demandas de manera individual, si el gobierno federal y el estatal realmente quisieran resolver los problemas de las comunidades en nuestro paí­s ya se hubiera reconocido la autonomí­a de los pueblos indí­genas".

En la Casa de las Iglesia, Francisco Barcenas, asesor comunitario de San Pedro Yosotato, sostuvo que ha aumentado la intensidad de la guerra sucia por parte del gobierno estatal e instó a las organizaciones a unir esfuerzos para hacer frente a esa problemática.

"Los que ordenan y ejecutan este proyecto, agregó, han visto en los indios su objetivo inmediato y principal y han hecho de la represión, la tortura y el miedo, sus métodos para lograr sus objetivos, es decir, para que quienes luchan se dobleguen a sus intereses", aseguró.

Barcenas refirió que actualmente en Oaxaca existen 656 conflictos, de los cuales 53 están considerados por la administración estatal como "de atención especial" porque pueden crear conflictos sociales.

En su oportunidad, Rolando González Espinoza, secretario de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, añadió que la situación es peligrosa para muchas comunidades, por lo que aseguró que la denuncia busca evitar hechos lamentables.

Los representantes de las organizaciones indí­genas solicitaron al relator de la ONU que la información obtenida en Oaxaca no sea parte de un archivo perdido.

Rodolfo Stavenhagen reconoció que la situación en la entidad es muy grave, pero aclaró que su misión es obtener una visión amplia, equilibrada y objetiva de la situación que le permitan elaborar un informe y corresponderá a los gobiernos y a la sociedad mexicana asumir o no estas consideraciones.

No soy autoridad judicial, recalcó, esta una relatorí­a encomendada por la ONU, creo que nos corresponde como ciudadanos a todos hacer que nuestros gobiernos cumplan con sus compromisos internacionales.

Sandra Ramos Rojas, corresponsal cimac | Oaxaca