Durante la 91 Conferencia Internacional del Trabajo, Amnistí­a Internacional hace hincapié en la situación de los derechos humanos en Colombia, Irán, Israel y los Territorios Ocupados, Mauritania y Sudán.

"Todos estos paí­ses han formado parte del programa de trabajo de la Conferencia durante años, pero se han observado escasos avances al respecto", dice Amnistí­a Internacional.

En el caso de Colombia, Amnistí­a Internacional ha señalado que los sindicalistas colombianos siguen siendo ví­ctimas de homicidio y hostigamiento como consecuencia directa de sus actividades sindicales.

"La mayorí­a de las violaciones de derechos humanos cometidas contra sindicalistas tienen lugar durante conflictos laborales. Entre los sindicalistas que han sufrido la mayorí­a de las violaciones de derechos humanos están los que hacen campaña contra la privatización de los sectores de la salud, la educación y los servicios municipales."

Durante el año 2002, más de 170 sindicalistas fueron ví­ctimas de ejecución extrajudicial y 164 recibieron amenazas de muerte. En el mismo periodo, 7 sindicalistas "desaparecieron", 26 fueron secuestrados, 17 fueron ví­ctimas de intentos de secuestro, 7 fueron desplazados de sus hogares, más de 130 fueron detenidos arbitrariamente y unos 80 se vieron obligados a pedir asilo en el extranjero. La inmensa mayorí­a de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los sindicalistas colombianos siguen siendo obra de paramilitares respaldados por el ejército.

"No alcanza con colocar a Colombia en un lugar destacado del orden del dí­a: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe crear una comisión encargada de examinar los ataques generalizados y sistemáticos contra sindicalistas y elaborar estrategias destinadas a impedir que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos contra ellos", insta Amnistí­a Internacional.

La mayorí­a de los homicidios, las amenazas y las "desapariciones" de que se hace blanco a sindicalistas por motivos polí­ticos han sido cometidos con total impunidad y en contravención de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno colombiano ha ratificado. El informe de marzo de 2003 sobre la reunión núm. 286 del Consejo de Administración de la OIT señala que de 346 casos de homicidios, amenazas y "desapariciones" ocurridos entre 2000 y 2002 que ha examinado, ninguno ha culminado en la condena de los autores.

Pese a la existencia de indicios sólidos, en muchos casos las investigaciones judiciales de violaciones de derechos humanos cometidas contra dirigentes sindicales no han avanzado. Por ejemplo:

Jorge Ortega, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, fue asesinado en Bogotá el 20 de octubre de 1998. Dos ex agentes de policí­a fueron implicados en el atentado y están en prisión. Sin embargo, no se ha recibido ninguna información que indique que los que planearon el homicidio y pagaron a sus autores hayan sido identificados o llevados ante los tribunales.
Las investigaciones sobre el intento de homicidio contra el dirigente sindical Wilson Borja, ocurrido en diciembre de 2000 en Bogotá, han implicado a oficiales de alta graduación del ejército. No se ha recibido ninguna información que indique que los responsables del atentado -cuya autorí­a ha sido reivindicada por el lí­der paramilitar nacional Carlos Castaño- hayan sido sometidos a juicio.
Haciéndose eco del tema del combate contra la discriminación en torno al cual se desarrolla la 91 Conferencia Internacional del Trabajo, Amnistí­a Internacional instó hoy a los Estados miembros de la OIT a que adopten medidas eficaces de carácter legislativo y administrativo para poner fin a la discriminación.

"El derecho a no sufrir discriminación es uno de los principios más fundamentales en los que se inspiran las normas internacionales de derechos humanos", afirma Amnistí­a Internacional.

Durante la 91 Conferencia Internacional del Trabajo, Amnistí­a Internacional también llama la atención sobre las prácticas discriminatorias existentes en Irán, Israel y los Territorios Ocupados y Sudán.

En Irán, un proceso denominado gozinesh ("selección") menoscaba la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación de aquellos que buscan trabajo en el sector público y paraestatal y en algunos casos, según informes, también en el sector privado. Mediante este proceso se investigan las opiniones polí­ticas de los individuos, sus filiaciones o simpatí­as polí­ticas anteriores y sus creencias religiosas.

En los Territorios Ocupados, las crecientes restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación de los palestinos -como clausuras y toques de queda- han tenido un efecto devastador sobre la vida de la mayorí­a de los palestinos, incluido su derecho a trabajar. El desempleo ha ascendido de un 10 por ciento en el año 2000 a aproximadamente el 50 por ciento a principios de 2003.

En Sudán siguen existiendo restricciones a la libertad de expresión y se continúa hostigando a periodistas y editores. Las fuerzas de seguridad sudanesas han confiscado, multado y suspendido arbitrariamente a periódicos que han criticado medidas del gobierno o ejercitado de alguna otra manera el derecho a la libertad de expresión. La práctica del trabajo forzado sigue existiendo, y el gobierno no ha investigado la suerte corrida por millares de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.
"Es lamentable que, pese a la gravedad de la situación de los derechos humanos en Sudán, la presente reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo no vaya a examinar a este paí­s", declara Amnistí­a Internacional.

Además, Amnistí­a Internacional destaca la situación en Mauritania, donde la esclavitud sigue siendo un problema. En este paí­s se cometen impunemente numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con la esclavitud, y los ex esclavos sufren discriminación constante.

La discriminación es la base de dos de los ocho Convenios Fundamentales de la OIT, los Convenios 100 y 111. Amnistí­a Internacional exhorta a los Estados miembros de la OIT a que ratifiquen estos instrumentos básicos.

"China, Japón y los EE. UU. -por ser paí­ses de gran importancia industrial y miembros permanentes del Consejo de Administración de la OIT- deben dar el ejemplo", señala Amnistí­a Internacional.

"La igualdad de oportunidades y de trato es un principio esencial de la OIT que los Estados miembros deben hacer realidad", concluye Amnistí­a Internacional.

Información general

La OIT es un organismo especializado de la ONU con responsabilidad global respecto de cuestiones relacionadas con el empleo, el trabajo y el mercado laboral. Tiene 175 Estados miembros y es el único organismo de la ONU que cuenta con una estructura tripartita en la que están representados los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne una vez al año, y su órgano ejecutivo, de 56 miembros -el Consejo de Administración-, se reúne tres veces al año. La OIT elabora convenios vinculantes, entre ellos los ocho Convenios Fundamentales que se ocupan de las siguientes esferas: libertad sindical (Convenios 87 y 98), discriminación (Convenios 100 y 111), trabajo forzoso (Convenios 29 y 105) y trabajo infantil (Convenios 138 y 182).

Todos los años, la OIT elabora un Informe Global que ofrece un panorama general de los avances realizados durante los cuatro años anteriores en relación con uno de los cuatro principios consagrados en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. El tema del Informe Global de este año es la discriminación. La 91 Conferencia Internacional del Trabajo se celebra en Ginebra, Suiza, del 3 al 19 de junio de 2003.