UGT se suma a la campaña de denuncia de la Organización Internacional del Trabajo, que un año más conmemora el Dí­a Mundial contra el Trabajo Infantil, en esta ocasión dedicado al "Tráfico de Niños", y exige que se adopten medidas encaminadas a combatir las desigualdades sociales y económicas, porque el caldo de cultivo del trabajo infantil es la pobreza. En este sentido, solicita reforzar la protección familiar y polí­ticas sociales que faciliten la escolarización de los niños y las niñas, empleos dignos para sus padres, el acceso a una vivienda, la sanidad, los servicios sociales, la educación, el derecho a una renta mí­nima, etc.

A nivel internacional, es preciso que los gobiernos europeos se impliquen en la erradicación de la explotación infantil e impulsen polí­ticas de cooperación para el desarrollo de los paí­ses más pobres y el compromiso de la Organización Mundial del Comercio para regular las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales se producen los bienes y servicios. Hay que evitar que los niños, mano de obra barata e indefensa, se conviertan en carnaza de la miseria humana, una miseria que se acrecentará con la globalización si no se pone remedio.

Según la OIT, se estima que ya en el año 2000 habí­a unos 246 millones de niños trabajadores entre 5 a 17 años, cifra que se incrementó a 352 millones en el año 2002, siendo 211 millones entre 5 y 14 años.

De estos 246 millones, casi 171 millones trabajaban en condiciones peligrosas:

– Trabajo forzoso y régimen de servidumbre: 5,7 millones.

– Conflictos armados: 0,3 millones.

– Prostitución y la pornografí­a: 1,8 millones.

– Las actividades ilí­citas: 0,6 millones.

La Región de Asia y el Pací­fico, con 127,3 millones, reúnen la mayor cantidad de esos trabajadores. Pero la mayor proporción se centra en África Subsahariana con 48 millones debido principalmente a la muerte de adultos por el SIDA, quedando gran cantidad de huérfanos obligados precozmente a asumir la jefatura de la familia y las tareas de supervivencia. En América Latina y el Caribe existen 17,4 millones de trabajadores infantiles, representando Brasil casi la mitad de ese total, concentrándose los niños en la agricultura y en el trabajo doméstico las niñas. Este trabajo que hacen los niños les permite contribuir a la subsistencia familiar ya que por poco que sea su aportación, tiene un gran significado.

Pero los paí­ses ricos tampoco están libres. En Estados Unidos, el 7% de los trabajadores agrí­colas tienen de 10 a 17 años siendo los que más mueren en accidentes de trabajo en el sector.

En España, según el informe encargado a UNICEF (1999) por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaborado por la Universidad Autónoma, existen casi 170.000 niños y niñas que trabajan, y que en el mejor de los casos compatibilizan el trabajo con la educación, centrándose en los sectores de comercio, hostelerí­a, textil-piel, servicio doméstico y especialmente en la agricultura. Existe un alto porcentaje de menores de 16 años que trabaja en las campañas agrí­colas a las que se desplazan los temporeros, coincidiendo con las épocas de recolección de distintos productos. Sólo en Andalucí­a más de 90.000 personas se desplazan con sus hijos. En cualquier caso las cifras reales de niñas y niños que trabajan son de difí­cil constatación debido fundamentalmente al alto grado de trabajo no mercantilizado en el que estos niños intervienen. En muchas ocasiones los trabajos que realizan los niños son ayudas familiares a las que dedican más de tres horas diarias; en otras ocasiones son lugares en los que no interviene la inspección de trabajo al no constar como centro laboral.

Entre las causas de la explotación infantil se encuentran la pobreza, la carencia de escuelas, una educación inadecuada y poco atractiva, su tradición cultural, el bajo costo de mano de obra, la minuciosidad en su trabajo y la baja capacidad de rebelarse. Son factores todos ellos atractivos para las empresas, agravado actualmente por el proceso de globalización y sus efectos sociales debido a los necesarios ajustes económicos que conlleva.

La erradicación del trabajo infantil es parte integrante del combate a la pobreza y respeto a los derechos universales del niño. Es preciso diseñar polí­ticas tendentes a su eliminación ya que la incorporación de los niños al trabajo, en vez de a la escuela, produce una pérdida en educación reproduciéndose la pobreza y siendo perjudicial para el avance económico, en especial para el desarrollo a largo plazo del capital humano. Combatir la explotación laboral de los niños, ofreciéndoles oportunidades de educación y, al mismo tiempo, facilitar empleo a sus padres, es apostar por el trabajo digno.

Es necesario que la Organización Mundial del Comercio (OMC) regule las condiciones sociales y ambientales bajo las cuales se producen los bienes y servicios, porque la falta de una regulación fomenta el trabajo infantil. Trabajo, en muchos casos, peligroso. Para evitar y combatir esta situación es preciso adoptar medidas adecuadas por la ví­a legislativa; y fortalecer las capacidades para la aplicación de las leyes, que también contribuirán a establecer una protección institucional análoga para los trabajadores adultos. De hecho, las condiciones de empleo y la protección social de los adultos deberí­an ser suficientes para que sus hijos no tengan que trabajar prematuramente.

A nivel internacional, es preciso que todos, gobiernos europeos, ciudadanos y consumidores, intensifiquemos la presión sobre las compañí­as que empleen a niños. Por parte de los gobiernos, deben impulsarse polí­ticas de cooperación para el desarrollo de estos paí­ses ya que es entre los más pobres donde el trabajo infantil está generalizado.

Desde UGT, consideramos necesario adoptar medidas encaminadas a la erradicación absoluta del trabajo infantil, incidiendo sobre los factores estructurales causantes del mismo, cuya base se encuentra en las desigualdades sociales y económicas. Siguiendo las recomendaciones de la OIT consideramos necesario actuar planificadamente y por etapas para alejar progresivamente a los niños del trabajo, reforzando los mecanismos de protección familiar y medidas sociales, desde una polí­tica integral que contemple el acceso a una vivienda, la sanidad, los servicios sociales, la educación, el derecho a una renta mí­nima, el empleo y todos aquellos factores culturales que ayuden a superar las dificultades de las familias más desfavorecidas y faciliten la escolarización de los niños y niñas, así­ como su abandono definitivo del mundo laboral durante su etapa infantil.