"Los derechos que lo asisten en virtud del derecho internacional se están conculcando esencialmente" afirma Amnistí­a Internacional, y reitera su llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que presente cargos en su contra o lo ponga en libertad y para que le permita acceso inmediato a su abogado.

"Este caso representa una suspensión sin precedentes de los derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses bajo la custodia de las autoridades de su paí­s".

"Aunque Estados Unidos ya ha calificado a otros de "combatientes enemigos", el caso de Padilla resulta especialmente alarmante ya que fue detenido como sospechoso de un delito que entraba claramente en la competencia del sistema ordinario de justicia penal. Si continúa privado de libertad, significa que el gobierno puede mantener recluido bajo custodia militar por tiempo indefinido a cualquier presunto delincuente supuestamente relacionado con un grupo terrorista, sin que se respete una sola de las garantí­as habituales del sistema penal" ha señalado Amnistí­a Internacional.

José Padilla fue detenido en el aeropuerto de Chicago el 8 de mayo de 2002. En un principio el Departamento de Justicia lo mantuvo privado de libertad como "testigo material" en una investigación del jurado de acusación relacionada con una presunta conspiración para hacer estallar una "bomba sucia" radiactiva en una ciudad estadounidense. Sin embargo, el 9 de junio de 2002, el gobierno estadounidense lo transfirió repentinamente a la custodia militar y suspendió todo contacto con su abogado.

La transferencia a la custodia militar se llevó a cabo a partir de una orden del presidente Bush en la que calificaba a Padilla de "combatiente enemigo" estrechamente relacionado con Al Qaeda, cuya detención se afirmaba que era necesaria para impedir su colaboración en un atentado contra Estados Unidos. Desde entonces permanece recluido en régimen de aislamiento en una base naval de Charleston, en Carolina del Sur.

En diciembre de 2002, un tribunal de distrito estadounidense confirmó la autoridad del presidente para detener a combatientes enemigos, aun tratándose de ciudadanos estadounidenses, cuyo derecho a una revisión judicial es limitado. No obstante, el tribunal dispuso que José Padilla tení­a derecho a consultar con su abogado y a recibir sus visitas, a fin de tener ocasión de presentar los hechos para refutar las pruebas del gobierno.

El gobierno de Estados Unidos recurrió contra esta sentencia, alegando que permitir a Padilla el acceso a un abogado podí­a obstaculizar su interrogatorio en curso. José Padilla sigue sin poder entrevistarse con su abogado en espera del resultado del recurso del gobierno.

Información general

El pasado mes de diciembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria calificó la detención de Padilla como "arbitraria" en contravención de los artí­culos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, en el que Estados Unidos es Estado Parte. El artí­culo 9 de este pacto proclama el derecho de toda persona a ser protegida frente a la detención arbitraria y especifica que toda persona detenida debe ser informada sin demora de los motivos de su detención y de todo cargo presentado en su contra, y que tendrá derecho a emprender acciones ante un tribunal para impugnar la legitimidad de su detención. El artí­culo 14 señala que todas las personas son iguales ante los tribunales de justicia y enumera los derechos que es necesario respetar para la celebración de un juicio justo.

Los organismos de derechos humanos, como el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, han condenado en general la detención en régimen de incomunicación por considerarla una violación de los derechos humanos que puede dar lugar a otros abusos, como tortura y malos tratos o interrogatorios sin las garantí­as del debido proceso. El derecho a consultar con un abogado es una importante salvaguardia destinada a proteger los derechos de los detenidos, no sólo en lo referente a procedimientos penales o de otra clase, sino también respecto a las condiciones de reclusión y a la salud fí­sica y mental del detenido. La reclusión prolongada en régimen de incomunicación o de aislamiento puede ser en sí­ misma una forma de trato cruel, inhumano o degradante.

José Padilla es uno de los dos ciudadanos estadounidenses que permanecen actualmente recluidos como "combatientes enemigos" por tiempo indefinido bajo custodia del ejército estadounidense. El otro es Yaser Esam Hamdi, detenido durante la guerra dirigida por Estados Unidos contra Afganistán a finales del 2001 (según informes, tras su rendición a la Alianza del Norte) y recluido inicialmente en la Bahí­a de Guantánamo, hasta que en abril de 2002 fue trasladado a Estados Unidos al descubrirse que tení­a nacionalidad estadounidense.

También permanece en régimen de incomunicación sin acceso a un abogado ni a sus familiares, situación que también ha calificado de arbitraria el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Su caso es también objeto de llamamientos por parte de Amnistí­a Internacional, al igual que los casos de los más de 660 ciudadanos no estadounidenses recluidos sin cargos ni juicio ni acceso a un abogado en la Bahí­a de Guantánamo.