Mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida los cuerpos de los doce desaparecidos en el naufragio de la patera en que viajaban veintitrés personas frente a las costas de Fuerteventura el lunes 2 de junio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) desea manifestar sus condolencias y su solidaridad con los familiares de las ví­ctimas.

Asimismo, y ante las contradictorias versiones sobre las causas que motivaron el vuelco de la embarcación, CEAR considera imprescindible que se abra una investigación que aclare si la nave de rescate utilizada en la operación fue la adecuada, así­ como si el acercamiento de esta- una patrullera de altura de la Guardia Civil con más de treinta metros de eslora según se ha informado- a la patera contribuyó a su naufragio, o si fue exclusivamente debido a un movimiento brusco de sus ocupantes (como afirma la delegación de Gobierno en Canarias).

Sorprende sobremanera este trágico resultado de la operación de interceptación de inmigrantes ilegales, máxime cuando la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil habitualmente encargados de estas operaciones de rescate en el mar está fuera de toda duda, a la vista de los resultados de sus intervenciones, el número de éstas y la habitualidad con la que se realizan.

Una explicación a este lamentable accidente puede ser que el suceso tuviera lugar dentro del marco de la llamada Operación Ulises que España desarrolla en coordinación con Reino Unido, Italia y Grecia para el control de la inmigración ilegal que intenta acceder por ví­a marí­tima a las fronteras exteriores de la Unión Europea, y según acuerdo de la cumbre de la UE en Sevilla en junio de 2002, por lo que las autoridades deben aclarar si los medios técnicos y humanos utilizados en esta operación son los adecuados para el rescate marí­timo o por el contrario son los apropiados para operaciones de defensa del territorio.

Igualmente deberá aclararse si los funcionarios intervinientes tienen el debido adiestramiento en salvamento o por el contrario se trata de personal entrenado igualmente para operaciones de defensa del territorio.

La intervención en el operativo del pasado lunes de patrulleras de altura, con más de treinta metros de eslora y gran calado, puede ser una de las causas del dramático suceso, máxime atendiendo a que según la normativa aplicable a operaciones de salvamento marí­timo, este tipo de embarcaciones no pueden nunca utilizarse para acercarse a embarcaciones pequeñas en peligro, sino únicamente como remolcadores, embarcaciones de aproximación o buques nodrizas que realicen posteriormente las aproximación mediante naves pequeñas tipo zodiac.

El Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la vida humana en el mar, aprobado el 12 de julio de 2002, prevé expresamente la cobertura del litoral español a efectos de rescate marí­timo con unidades de intervención rápida, las llamadas Salvamar. Son embarcaciones de salvamento más pequeñas, de entre 15 y 20 metros de eslora. Estas naves son las más adecuadas, según dicho Plan, para la intervención en las operaciones relacionadas con la náutica de recreo y la inmigración ilegal, que suponen el grueso de las operaciones de salvamento y la práctica totalidad de las operaciones realizadas en torno a la isla de Fuerteventura. Las mismas previsiones contiene el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento marí­timo de 1979 (SAR 79).

CEAR llama la atención sobre la improcedencioa de estas macro operaciones de control de la inmigración ilegal, que en muchos casos no tiene más efecto que el meramente ropagandí­stico, y que en esta ocasión se ha cerrado con un trágico balance en vidas
humanas.

CEAR considera imprescindible una explicación por parte del Ministerio del Interior de las circunstancias en que se desarrollaba el operativo en aguas canarias, así­ como una valoración de su resultado, más allá de la apreciación que hací­a la Delegacion del Gobierno en Canarias, como muy positiva, sin aportar más datos.

En cualquier caso, CEAR considera que esta noticia se puede considerar ya un pésimo
resultado de la polí­tica de cierre de fronteras defendida por la Unión Europea y de criminalización de los inmigrantes irregulares que practica la Administración española, polí­ticas que no solamente no acaban con las mafias traficantes de seres humanos sino que además aumentan el sufrimiento de las personas y provocan que se aventuren en acciones desesperadas, con el resultado que tristemente conocemos.