La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha acogido con satisfacción la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional publicada el 22 de mayo, estimatoria del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a instancias de CEAR entre otras organizaciones sociales, contra el inciso "que residan legalmente en España" en la Ley de Asistencia Jurí­dica Gratuita.

El Alto Tribunal ha dado la razón al Defensor del Pueblo al estimar que el precepto impugnado no se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por España, ya que limita la asistencia jurí­dica gratuita para los residentes extranjeros no regularizados a la jurisdicción penal y al derecho de asilo, dejando fuera todas las demás posibles situaciones de indefensión.

El criterio de CEAR es que nos encontramos ante una nueva llamada de atención de los tribunales ante las polí­ticas restrictivas en materia de inmigración, que, en su afán de endurecer las condiciones de vida de los extranjeros residentes en España, llegan al extremo de vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como el de tutela judicial efectiva.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional se suma a la emitida dos meses antes por el Tribunal Supremo, que anuló trece artí­culos del Reglamento de aplicación de la Ley de Extranjerí­a, por resultar más restrictivos que la propia ley, y a los recursos contencioso-administrativos interpuestos por CEAR en compañí­a de otras organizaciones sociales contra el contingente como ví­a para cerrar la posibilidad de regularización prevista en la Ley y al interpuesto por CEAR contra otros artí­culos del Reglamento, pendientes todaví­a de resolución en los tribunales.

Finalmente, CEAR desea resaltar la importancia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que las personas inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa, puedan acceder a una asistencia jurí­dica gratuita, ya que es la única ví­a que tienen para combatir situaciones de explotación laboral y de indefensión en el ejercicio de sus derechos más básicos. En este sentido, CEAR recuerda que negar la asistencia jurí­dica a una persona por el hecho de no tener papeles es una arbitrariedad que socava los fundamentos del Estado de Derecho.