La representación de origen público (municipal y autonómico) se deriva de las elecciones recientemente celebradas con proporcionalidad a dichos resultados. La nueva situación se reflejará en la Asamblea General y en el Consejo de Administración con arreglo a los nuevos estatutos, donde dichas representaciones se han reducido, en su conjunto, desde el 55% al 43,5%.
Los Órganos de Gobierno de la Caja tienen, pues, una composición muy plural y desde su autonomí­a deben aprobar sus propias decisiones, atendiendo a su razón de ser: la rentabilidad y eficiencia de su actividad financiera y el mejor cumplimiento de su función social.

Las recientes declaraciones del futuro Presidente de la Comunidad de Madrid contribuyen a poner a la Caja en un escaparate y hacerla protagonista de un espectáculo en la que no debe aparecer ninguna entidad financiera.

Reclamamos, pues, del nuevo poder ejecutivo regional que ejerza su papel constitucional de tutela y control, sin incurrir en riesgos de injerencia en decisiones que no son de su competencia.

Este tipo de posiciones no benefician la buena marcha de la entidad por generar incertidumbres injustificadas, pero tampoco a quienes las sostienen.

Pero eso sí­, en último extremo, favorece a aquellos que, desde posiciones de interés privado, pretenden la modificación del estatus jurí­dico para poder apropiarse las cajas de ahorros y no encuentran argumentos en la evolución economico-financiera de las mismas.