Tal como anunció el Presidente del Gobierno el pasado dí­a 19, el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado una nueva reforma de la Ley de Extranjerí­a. Pero a diferencia de otros anuncios electoralistas que se han pergeñado en las Reuniones del Consejo, el Gobierno ha sido muy parco en la descripción del alcance y contenido que tendrá esta reforma. Reforma que incluye no sólo la Ley de Extranjerí­a, sino que afectará igualmente a la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y a la Ley 30/1992 de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros, dentro del periodo de campaña electoral, ha vuelto a servir a los intereses del Partido Popular con el anuncio de la aprobación de un proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjerí­a.

Pero la reforma no se para en esta Ley, sino que alcanza a la Ley de Bases del Régimen Local, para determinar en esta ley los documentos acreditativos de la identidad de los extranjeros que deben constar en el padrón. Pero esto ya está establecido por las normas que regulan el padrón, y en el que se recogerá el DNI o tratándose de extranjeros del documento que lo sustituya. Suficientemente claro que el caso de los extranjeros será el permiso correspondiente o en su defecto el pasaporte. Por lo tanto, la reforma de la LBRL carece de sentido a no ser que exista alguna otra modificación.

En la lí­nea de no dar ni un solo detalles para evitar crí­ticas, a dos dí­as de la campaña electoral, el Gobierno no menciona cuales serán las modificaciones que afectarán a la Ley de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas. Pero dada la posición que el Gobierno ha tomado con respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo, la modificación de la LRJAE contendrá los artí­culos de la LOEX que el Tribunal Supremo anuló por considerarlos contrarios a derecho.

Y en este sentido, el Gobierno bien puede haber optado por extender las restricciones en los procesos administrativos al conjunto de la sociedad española o establecer en la LRJAE, dos modos de actuar en función de sí­ se traten o no de solicitudes relacionadas con el régimen de extranjerí­a. En cualquiera de los dos casos, un despropósito jurí­dico desde el punto de vista de UGT, que el Gobierno ha querido evitar ver criticado a dos dí­as de las elecciones, no dando detalles sobre el mismo.

Habla el Gobierno nuevamente de simplificación administrativa, pero sin concretar el desarrollo de esta simplificación. Y UGT vuelve a considerar que no se puede considerar burocracia la existencia de trámites que garantizan derechos, la burocracia surge de la falta de voluntad de la Administración de dotar a las oficinas de los medios materiales y humanos necesarios. Por otra parte, nos gustarí­a saber cómo piensa el Gobierno que la Administración Española en el Exterior va a ser capaz de gestionar adecuadamente el visado con valor adicional de permiso de trabajo y residencia, o si sólo se trata de que las colas no se vean en España, aunque los consulados estén abarrotados.

Habla el Gobierno de la necesidad de adaptar la normativa española a las Directivas europeas, pero desde luego no se incluye nada respecto a la Directiva 43/2000/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas por su origen racial o étnico. Directiva que debe estar traspuesta en el mes de julio, y que obligarí­a al Gobierno español, a juicio de UGT, entre otros a modificar el artí­culo que impide la afiliación de los trabajadores inmigrantes en situación irregular, tal como recomendó la OIT, tras la queja interpuesta por nuestra organización.

En definitiva, una reforma que no sólo ha sido sorpresiva y acelerada para hacerla coincidir con el periodo electoral, actitud de por sí­ ya bastante irresponsable por parte del Gobierno. Sino un Proyecto de reforma falto de transparencia, respecto al que el Consejo de Ministros, que tanto se explayó en detalles como las medidas para discapacitados o familias numerosas, no ofrece un mí­nimo de información, entendemos que para evitar las más que seguras crí­ticas desde diferentes ámbitos en el dí­a de reflexión de la campaña electoral.