Después de año y medio de negociación, UGT y CC.OO. han aceptado el documento presentado por la Dirección como texto del XIV Convenio Colectivo de RENFE, a pesar de plantear numerosas discrepancias con su contenido, quedar un elevado número de lagunas que la empresa "definirá" en el momento de la firma definitiva y no estar recogidas las reivindicaciones de los trabajos, que estos mismos sindicatos habí­an asumido durante la negociación.

Uno de los aspectos más graves es el incremento de la jornada ordinaria semanal hasta 60 horas, camuflando como complementos, para disfrazar la superación del máximo legal de 80 anuales, Horas Extraordinarias, cuya realización se establece además como obligatoria. Esta cuestión podrí­a suponer la ilegalidad del Convenio, además de ser un contrasentido cuando los sindicatos firmantes abogan públicamente por la reducción de la jornada. CGT ha denunciado en numerosas ocasiones el número millonario de Horas Extraordinarias realizadas anualmente en RENFE por encima de las legalmente permitidas.

Este Convenio no mantiene el poder adquisitivo. Para los años 2003 y 2004 se establece como subida el IPC previsto por el gobierno, con rectificaciones en caso de incrementos notables de la productividad que no alcanzarí­an en cualquier caso el IPC real. De este modo, UGT y CC.OO. estarí­an limitándose incluso más de lo que establecieron en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003, ampliándolo no solo en sus restricciones, sino en su aplicación temporal.

La rectificación económica por encima del IPC previsto se establece conforme a criterios de incremento de la productividad para cuya consecución la empresa considera necesaria la negociación de un nuevo expediente de regulación de empleo, a pesar de que la propia empresa ha reconocido, en manifestaciones públicas, que la degradación de la seguridad en RENFE tiene como base la falta de mantenimiento resultado de la drástica reducción de plantilla que se ha llevado a cabo en los últimos años.

Un nuevo expediente de regulación de empleo en RENFE no tiene justificación posible, agravarí­a la actual situación de abandono del mantenimiento y de la seguridad. Lejos de mejorar la productividad, se incrementarí­a el ya elevado número de trabajos que RENFE está abandonando por falta de capacidad productiva precisamente por falta de personal.

En caso de llegar a firmar este Convenio, UGT y CC.OO., además de crear un perjuicio a los trabajadores, estarí­an asumiendo la privatización de sectores de producción de RENFE y el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario del Ministerio de Fomento y del Gobierno del PP.