Un año después de que, mediante el Acuerdo de Luena, cesara el ruido de las armas en Angola tras 40 años de guerra -primero por la independencia de Portugal y después entre el Gobierno del MPLA y la UNITA-, la población angoleña se enfrenta a los desafí­os de la posguerra. Ocho de cada diez angoleños no habí­a conocido todaví­a la paz.

Hoy, la vuelta a las armas por parte de UNITA no es imposible, pero parece muy poco probable. Intermón Oxfam, con doce años de experiencia en el paí­s, y la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autí²noma de Barcelona apuntan en un reciente informe conjunto -Angola: Construyendo la Paz- los principales retos para asegurar el proceso de paz y relanzar el desarrollo de su población:

Reducir la masiva posesión de armas ligeras entre la población civil. Es urgente el diseño y aplicación de programas de recolección de armas para detener el incremento del crimen y la venta ilegal de armas.

Seguir invirtiendo en desminado. Este es quizá el capí­tulo que está yendo mejor, ya que el desminado está recibiendo un trato prioritario por parte del Gobierno, Naciones Unidas y ONG. Sin embargo, con unos 10 millones de minas, Angola continúa siendo el paí­s más minado de África.

Más de 4 millones de personas (la población aproximada de Angola es de 12 millones) se hallan en situación de inseguridad alimentaria, como consecuencia, especialmente, de la escasez de recursos, la sequí­a, la falta de inversión rural, los desplazamientos de población y los campos minados.

Facilitar el retorno y reasentamiento de la población refugiada y desplazada. Se calcula que de las 500.000 personas refugiadas han retornado entre 85.000 y 120.000, especialmente de Zambia, RD Congo y Namibia. El retorno espontáneo de la población se ha adelantado al ACNUR, que no tendrá listo su proceso de retorno organizado hasta el mes que viene. Por lo que se refiere a los desplazados internos, han regresado a su lugar de origen 1,8 millones de los 3,8 millones de personas desplazadas.

Agilizar el proceso de reinserción de los desmovilizados de UNITA. El proceso de desmovilización de los 90.000 soldados de UNITA y sus 350.000 familiares terminó en un tiempo récord de tres meses. Sin embargo, miles de personas continúan en centros de tránsito donde esperan el retorno definitivo a sus lugares de origen o los que les asignen, y su situación humanitaria es grave. Para quienes ya han salido de estos campos, los programas de reinserción son muy escasos.

Asegurar el proceso de reconciliación en las comunidades locales. A la convivencia entre miembros e incluso combatientes de UNITA y el MPLA, cabe unir también el retorno de flujos de población que, aunque no estén identificados con uno de los grupos polí­ticos, pueden provocar rechazo.

La transparencia en los fondos públicos es la clave para asegurar que los beneficios de la paz redunden en beneficios sociales para la población. El petróleo y los diamantes, que suponen más del 90% de los ingresos de Angola, hasta ahora no han repercutido de manera equilibrada y equitativa entre la población. El pasado año, Angola ingresó 3.500 millones de dólares procedentes de la explotación de petróleo y diamantes. Angola produce 1,4 millones de barriles al dí­a. Sin embargo, uno de cada tres niños muere antes de cumplir los cinco años. El FMI ha denunciado recientemente la desaparición de 1.000 millones de dólares de los fondos públicos.

El apoyo de la comunidad internacional debe ser determinante para respaldar el proceso de pacificación y desarrollo del paí­s. La comunidad internacional debe implicarse de una manera decidida en la conferencia de donantes que se celebrará en breve en Bruselas. La comunidad internacional y la sociedad civil deberí­an asegurar que estas ayudas se ejecuten de manera eficaz.

Ampliar la paz al enclave de Cabinda. El Kuwait africano, como se le ha llamado a Cabinda, que produce el 70% del petróleo de Angola, ha visto desde abril de 2002 recrudecerse los combates entre el ejército angoleño y el grupo armado FLEC-FAC, que reclama la independencia. El 75% de las extracciones de Cabinda están controladas por Chevron-Texaco, en cuya zona de operaciones, según varias organizaciones de derechos humanos, se han producido graves violaciones de los derechos de la población civil.

Detener la espiral de crecimiento del sida. La incidencia del sida en Angola se ha triplicado en los últimos tres años y actualmente afecta a más del 9% de la población. La falta de campañas eficaces de sensibilización y polí­ticas de prevención del contagio amenaza con propagar la epidemia, en un momento en que se incrementa el flujo de desplazados que retornan a sus lugares de origen.