Este anuncio se enmarca en plena campaña electoral, como un argumento más a utilizar en la misma. Las prisas por llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros, han llevado al Gobierno a prescindir de cualquier consulta al respecto, incluso de los órganos que preceptivamente han de ser oí­dos. Esta reforma serí­a, además la cuarta, desde el año 1999.

Según el Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará una nueva reforma de la Ley de Extranjerí­a, siguiendo la lí­nea de utilizar las reuniones del Consejo como un instrumento más de la campaña electoral, y trayendo a colación el tema de la inmigración como ya se hiciera con nefastos resultados en anteriores procesos electorales. En cualquier caso, la demagogia consiste en realizar este anuncio en plena campaña electoral.

Tan urgente era que este Consejo de Ministros contuviera un tema que el Gobierno contempla en su campaña electoral, que ha prescindido totalmente de la consulta preceptiva a los distintos órganos:

– Foro para la Integración social de los inmigrantes: el órgano consultivo del Gobierno en materia de inmigración y extranjerí­a y que, entre otras funciones, tiene la de elaborar informes sobre propuestas, planes y programas que puedan afectar a la integración social de los inmigrantes.

El Foro no ha recibido noticia, ni ha tenido oportunidad de valorar esta nueva propuesta de reforma, quizás porque al Gobierno no le satisfizo el contenido del ultimo informe del Foro, de contenido muy critico, sobre la reforma de la ley de extranjerí­a incluida en el Plan de Lucha contra la delincuencia. Es evidente que en este caso se ha hurtado la posibilidad de que el único órgano participativo a nivel estatal en materia de inmigración pueda dar su opinión sobre esta nueva reforma.

– Consejo Económico y Social: si tal como señala el Presidente del Gobierno, se verán afectados el régimen de permisos de trabajo y residencia, lo que tendrá repercusiones socioeconómicas y laborales, el Consejo Económico y Social también deberí­a haber emitido dictamen.

– Pero si además como señala el Presidente, esta reforma se va a basar en los avances a nivel de la Unión Europea, quizás también el Consejo de Estado deberí­a haber sido consultado.

Por otra parte, al incluirse el tema del trabajo de los extranjeros no comunitarios, es además sorprendente que las organizaciones sindicales no hayamos sido consultados en esta materia

Y ésta serí­a la cuarta reforma de la Ley de Extranjerí­a en menos de tres años. Conviene recordar que, pese a lo que señala el Presidente del Gobierno, la primera nació del consenso de todos los grupos parlamentarios, incluido el Popular. Consenso roto durante la tramitación, y que llevó a una nueva reforma, y un reglamento de desarrollo, que en consonancia con lo dicho por el Tribunal Supremo, limitaba los contenidos de la Ley. La tercera reforma en trámite parlamentario aún, e incluida dentro del Plan de Lucha contra la delincuencia, supondrá un significativo retroceso en las garantí­as jurí­dicas de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Y la cuarta, ahora anunciada por el Gobierno.

Convertir en Ley algunos de los preceptos anulados por el Tribunal Supremo, como la posibilidad de no admitir a trámite una solicitud por falta de competencia del órgano o por procedimientos inadecuados, va a suponer en la practica dar carta de naturaleza a un sistema jurí­dico diferenciado para los extranjeros no comunitarios, lo que constituye una medida graví­sima desde el punto de vista jurí­dico.

Por otra parte, su intención de dar validez al visado como permiso de trabajo y residencia, no esconde otra cosa a juicio de UGT, que evitar el necesario incremento de recursos económicos y humanos para atender las solicitudes de los ciudadanos no comunitarios, puede suponer menores garantí­as para los solicitantes, incluso desde el punto de vista laboral y en definitiva las colas, antes en España, ahora se formarán en nuestras sedes diplomáticas.

UGT rechaza este anuncio enmarcado en la campaña electoral y en un discurso del Presidente vinculado a la delincuencia y el terrorismo. Rechaza además que el Gobierno haya decidido prescindir de la consulta y el dialogo tanto con los interlocutores sociales como con el Foro para la Integración social de los Inmigrantes, lo que constituye de nuevo un desprecio a la opinión tanto de las organizaciones no gubernamentales como de las organizaciones sindicales. Y rechaza que España tenga una ley de extranjerí­a en permanente reforma, que teme durará hasta que el Gobierno consiga que la Ley refleje con total exactitud su concepción sobre la inmigración.

Pero hasta entonces tanto los ciudadanos no comunitarios como el conjunto de la sociedad, está sometido a la incertidumbre de una norma en constante cambio, hacia presupuestos cada vez más restrictivos y más lejanos de la igualdad de trato.