Londres. "Todos y cada uno de los "presos inocentes" deben ser liberados inmediata e incondicionalmente", exigió Amnistí­a Internacional

La organización mundial de derechos humanos exhorta al gobierno peruano a garantizar que todos los acusados indebidamente de delitos de "terrorismo" sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional, que se eliminen sus antecedentes penales y que se les repare adecuadamente para que puedan reiniciar sus vidas.

"Han pasado más de diez años desde que entró en vigor la legislación "antiterrorista" de 1992 que permitió y fomentó la detención injusta de personas. Es inaceptable que a casi tres años desde que el Gobierno de Alberto Fujimori se desmoronó, continúen mujeres y hombres en cárceles de máxima seguridad por crí­menes que nunca cometieron," opinó Amnistí­a Internacional.

Desde que entró en vigor la legislación "antiterrorista" Amnistí­a Internacional ha documentado por lo menos 1100 casos de "presos inocentes". Muchos han salido en libertad a través de las Comisiones de Indulto que han sido establecidas desde 1996 o por medio de las cortes. Sin embargo la organización presenta una lista de 20 presos inocentes que continúan encarcelados y considera que esta cifra representa sólo una pequeña fracción del total probable de presos acusados falsamente de delitos de "terrorismo" que permanecen en las cárceles peruanas.

"Es necesario, por esto mismo, que se ponga en práctica una polí­tica proactiva en todas las prisiones con el fin de identificar a todos los posibles "presos inocentes". Además la Comisión de Indultos que se formó cuando entró el gobierno del presidente Toledo, debe ser dotada de recursos adecuados y del personal necesario para que pueda revisar sin demora todo los casos aun pendientes", añadió la organización.

El informe publicado hoy por Amnistí­a Internacional acoge con beneplácito los cambios a la legislación "antiterrorista" que se han implementado mediante decretos ley tras la resolución del Tribunal Constitucional de enero de 2003 que determinó que varios aspectos de esta legislación contravení­an la constitución peruana. Sin embargo, la organización continúa preocupada porque la definición de "terrorismo" aún carece de precisión. Si bien Amnistí­a Internacional aún no ha podido evaluar el efecto de estos decretos respecto a garantizar juicios justos para todos los presos polí­ticos y conseguir la libertad de todos los acusados indebidamente de delitos de "terrorismo", la organización acoge con beneplácito que algunos presos polí­ticos vayan a ser juzgados de nuevo en juicios públicos ante tribunales civiles.

"Continuar la revisión de la legislación "antiterrorista", incluidos los decretos ley de enero y febrero de 2003 para asegurar que esta legislación respete los estándares internacionales sobre juicios justos, debe ser una prioridad para el gobierno," opina la organización de derechos humanos.

Por último Amnistí­a Internacional resalta que el gobierno debe acatar la recomendación e la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cerrar las prisiones de máxima seguridad de Challapalca y Yanamayo.

"Todaví­a queda mucho por hacer para que se respeten y promuevan los derechos humanos de todos en el Perú," concluyó Amnistí­a Internacional.

Informe completo en español: "La legislación "antiterrorista" y sus efectos: una asignatura pendiente de la transición a la democracia", (Formato PDF comprimido ZIP, 350 Kb, 26 pág.)
http://www.a-i.es/infos/amr460103.zip