Por Jose Maria Fernandez

Las autoridades argentinas, al parecer, no habrí­an reaccionado con suficiente atención y dedicación a las fundadas denuncias sobre la provisión de armamento de origen argentino a bandas de delincuentes de Brasil. A pesar de los esfuerzos realizados por legisladores nacionales argentinos, acompañados por la asociación \"Espacios\", las denuncias de la ONG brasileña \"Viva Rí­o, de los reclamos del gobierno brasileño y las imputaciones de la Policí­a Federal Brasileña, no se ha conseguido que el Poder Ejecutivo argentino investigue las denuncias.

A la luz de la realidad geopolí­tica y de la organización de las mafias delincuenciales, esta desidia puede llevar al colapso de la Nación Argentina.

Si la CIA no hubiese promovido -y concretado en forma directa- el tráfico de alcaloides para obtener fondos destinados a la financiación de sus actividades ilegales antidemocráticas en América latina, especialmente en Centro América y el Caribe, es muy posible que el mortí­fero tándem narcotráfico-terrorismo no estuviese hoy controlando casi la mitad del territorio colombiano. Las consecuencias que ya están a la vista son preocupantes: además de crearse un Estado narco-terrorista dentro del Estado colombiano, además de la guerra que enluta a esa nación, además del poder omní­modo que han conquistado los narcos con su riqueza, que se genera en su mayor parte en el consumo de drogas en los Estados Unidos de Norteamérica, y de toda la desestabilización que ello crea en la región, Colombia está realmente al borde de su disolución.

La Argentina tiene que tomar conciencia de esta realidad y sus autoridades deben reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

La amenaza en los inicios del siglo XXI es la corrupción generalizada, especialmente en los niveles oficiales de los distintos Estados. Y contra esto hay que luchar denodadamente y sin desmayos. Si se permite que los narcos tengan fácil acceso al armamento moderno y, más aún, si no se combate la corrupción que origina el tráfico ilegal de armas, se está a un paso de instaurar un sistema de protección a la delincuencia organizada, contra la que no podrá haber reacción posterior.

Estados Unidos ya opera militarmente en Colombia, y en otros paí­ses americanos, con la excusa -válida o no- de combatir la mafia narco-terrorista. ¿Quizá las autoridades argentinas esperan a que la frágil situación legal que impera en la Triple Frontera azuce a los halcones norteamericanos (que podrí­an presentar el caso con cierto grado de credibilidad) a impulsar una intervención militar directa en esa parte de nuestro paí­s que comparte con Brasil y Paraguay?

Aquí­ se podrí­a pedir un acuerdo entre los tres gobiernos, o por lo menos entre los de la Argentina y Brasil, para militarizar preventivamente, de forma conjunta y sin apartamientos de la ley y la Constitución, una zona limitada de la Triple Frontera que termine con el problema del contrabando en todas sus formas y muy especialmente del tráfico ilegal de armas y de narcóticos.

Ya Brasil es el segundo consumidor de drogas de América, tras Estados Unidos... ¿acaso se esperará a que el poder de los narcos torne impotente a los gobiernos del Cono Sur y, con ello, ponga en sus manos el destino de América del Sur?

Hay denuncias que parecen fundadas sobre la participación de algunos militares argentinos en el tráfico ilegal de armas, que provendrí­an de arsenales militares o de fábricas que debieran estar perfectamente fiscalizadas. Está claro que este hecho, aún en el caso que se comprobara, no puede afectar ni ensuciar la imagen de las fuerzas armadas argentinas. Hasta ahora se conocen pocos hechos y pocos involucrados, pero precisamente por esto, la conducción militar debe actuar enérgicamente, atender las denuncias, investigarlas y castigar "“si se comprueban los hechos- a los presuntos culpables. Para esto no hace falta ni la intervención del Congreso ni la autorización del Poder Ejecutivo, porque presuntamente se tratarí­a de posibles delitos o irregularidades ocurridos en jurisdicción militar, donde rigen las normas de conducta, los reglamentos y la justicia castrenses; y se trata de un ámbito en el que -no podrí­a ser de otra manera- se ejerce el liderazgo institucional, que no tiene más limitación que la ley.

La existencia de las mafias que operan en el tráfico ilegal de armas y su posible vinculación con el narcotráfico es un problema suficientemente preocupante para justificar la adopción de medidas drásticas, dentro de la Constitución y de la ley.

El gobierno argentino debe impedir la consolidación del poder económico del narco-terrorismo y para ello debe apelar a una lucha legal, y en concurrencia y acuerdo con los demás gobiernos del Mercosur, pero sin miramientos hacia los gobiernos que son o han sido tolerantes con el contrabando y el narcotráfico.

Al menos Brasil y la Argentina deben tomar drásticas y eficaces medidas que garanticen su existencia como nación y como sociedad organizada dentro de los esquemas del pluralismo democrático y del ordenamiento legal.

Y esto debe comenzar por la persecución y castigo de las mafias del tráfico ilegal de armas y del narco-terrorismo. Antes de que sea tarde y la legalidad sea desbordada por los desorbitados que siempre encuentran los remedios fuera del orden democrático, y hasta de la soberaní­a de la Nación.

* Jose Maria Fernandez es Director Ejecutivo de la Asociación \"Espacios\" de Argentina