BOLETIN DE PRENSA

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispone medidas cautelares inmediatas para proteger el territorio y a los dirigentes indí­genas de Sarayacu.

Washington-Quito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha 5 de mayo de 2003, luego de conocer la petición y los argumentos de los indí­genas amazónicos de la comunidad de Sarayacu, provincia de Pastaza, Ecuador; ha dispuesto que el gobierno ecuatoriano tome las siguientes medidas cautelares en relación al conflicto con la petrolera argentina CGC:

"1.- Adoptar todas las medidas que considere necesarias para asegurar la vida y la integridad fí­sica, psí­quica y moral de los miembros de las Comunidad Indí­gena Sarayacu, en especial de Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Cristina Gualinga, Reinaldo Alejandro Gualinga, Elvis Fernando Gualinga Malaver, Fabiran Grefa y Mareclo Gualinga ... que podrí­an estar siendo objeto de amenazas o amedrentamientos por parte del ejército o de vicils ajenos a la Comunidad.

2- Investigar los hechos ocurridos el 26 de enero de 2003 en el "Campo de paz y Vida Tiutihualli" de la Comunidad de Sarayau y sus consecuencias, juzgar y sancionar a los responsables.

3.-Adoptar las medidas necesarias para proteger la especial relación de Comunidad Sarayacu con su territorio."
La comunidad de Sarayacu está localizada aproximadamente a 300 kms al sur-oriente de Quito y ha estado bajo serias amenazas causadas por el conflicto con la compañí­a petrolera argentina CGC (Compañí­a General de Combustibles) desde noviembre del 2002. Durante estos meses la comunidad se ha declarado en estado de emergencia en todos sus territorios (135.000 hectáreas con una población de 1100 habitantes).

Todo sus miembros se han movilizado para defender sus tierras ancestrales y su cultura ens contra de la explotación petrolera.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan legalmente a la comunidad de Sarayacu, anunciaron que continuaran presionando al gobierno ecuatoriano para el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH.

Adicionalmente, la CIDH requirió al Estado ecuatoriano, implementar las medidas cautelares en consulta directa con la comunidad de Sarayacu, ante el sistema interamericano, otorgando para el efecto un plazo de seis meses.

Esta importante resolución, señaló José Serrano, Abogado del CDES, es un mandato legal imperativo que obliga al estado ecuatoriano a intervenir directamente en la protección de los lideres indí­genas, facilitar un proceso de investigación y, de manera expresa, tomar medidas inmediatas que protejan las relaciones ambientales y culturales entre la Comunidad y su territorio.
Serrano concluyó que las autoridades están en la obligación de suspender, por seis meses, cualquier actividad gubernamental o privada que contarie el espí­ritu de las medidas adoptadas.