Tras la llegada de informes sobre la muerte de varios civiles y las heridas sufridas por muchos otros que se manifestaban contra el nuevo gobernador, Mash\’an al Jabbouri, en la ciudad septentrional de Mosul, la secretaria general de Amnistí­a Internacional, Irene Khan, ha expresado su honda preocupación por la actual situación de desgobierno en Irak y ha pedido una investigación imparcial, independiente y exhaustiva sobre el incidente.

"Antes de que estallara el conflicto, ya señalamos en reiteradas ocasiones que con la caí­da del régimen, el orden público se vendrí­a abajo y la inseguridad podrí­a poner en peligro vidas y bienes."

"Parece como si la coalición hubiera hecho más preparativos para proteger los pozos de petróleo que para proteger los hospitales o las plantas potabilizadoras de agua."

"La primera experiencia del planteamiento de la coalición hacia el orden público no habrá inspirado confianza al pueblo iraquí­."

Los derechos humanos han de estar en el centro de los esfuerzos para restaurar el orden público en Irak. Las fuerzas británicas y estadounidenses son potencias ocupantes con responsabilidades claras y ní­tidas. El derecho internacional humanitario define con toda claridad las obligaciones de la ocupación, de las que no cabe exención posible.

Las tropas de combate suelen carecer de la formación o de los equipos adecuados para desempeñar funciones policiales, y no se deberí­a esperar que se hicieran cargo de las mismas. Sin embargo, las potencias ocupantes tienen la obligación de prever el derrumbamiento del orden público en las zonas donde establecen el control militar, algo muy habitual en los conflictos armados y que se ha pronosticado reiteradamente en el caso de Irak.

"Parece que se ha dedicado mucha planificación y muchos recursos a proteger los yacimientos petrolí­feros iraquí­es. Sin embargo, apenas hay datos que indiquen niveles similares de planificación y asignación de recursos para salvaguardar las instituciones públicas y otras esenciales para la supervivencia y el bienestar de la población. La respuesta a los desórdenes ha sido increí­blemente inadecuada."

Amnistí­a Internacional pide a Estados Unidos y al Reino Unido que desplieguen fuerzas en número suficiente y con la formación y el equipo adecuados para restaurar el orden público, hasta que las fuerzas policiales iraquí­es puedan actuar efectivamente. Hay que establecer con carácter urgente un procedimiento de investigación eficaz e imparcial para los miembros de las fuerzas policiales iraquí­es, a fin de reducir las posibilidades de reintegrar a sus obligaciones a funcionarios que podrí­an haber estado implicados en violaciones de derechos humanos. Estados Unidos y el Reino Unido, en el ejercicio o en la supervisión de sus funciones policiales, deben garantizar que no se restringen arbitrariamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Sin embargo, por definición, la autoridad de las potencias ocupantes es de transición y se limita a proporcionar protección y asistencia a la población ocupada en la situación de emergencia creada por la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido no pueden cambiar el sistema legal ni introducir las reformas radicales en el sistema de justicia penal iraquí­ necesarias para garantizar que se respetan los derechos humanos. Según el derecho internacional, esta autoridad sólo la tendrí­a un gobierno iraquí­ recién establecido o una administración de transición de las Naciones Unidas instaurada por el Consejo de Seguridad.

De momento, no está claro qué planes se pondrán en marcha para establecer una autoridad gubernativa de transición o permanente en Irak. Hay discrepancias sobre la función de la ONU. Amnistí­a Internacional considera que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos debe ser fundamental en cualquiera de estos planes. En este sentido, la ONU debe desempeñar un papel destacado en al menos dos aspectos, además de en la entrega de asistencia humanitaria.

En primer lugar, la ONU debe desplegar observadores de derechos humanos en todo Irak, en cuanto la situación de la seguridad lo permita.

En segundo lugar, la ONU debe crear una comisión de expertos que elabore, en estrecha consulta con la sociedad civil iraquí­, propuestas para un programa completo destinado a garantizar que se hace justicia por los abusos cometidos contra los derechos humanos, centrado en la necesidad de reformar el sistema de justicia penal iraquí­.

Amnistí­a Internacional considera también fundamental que comparezcan ante la justicia todos los responsables de delitos previstos en el derecho internacional humanitario y de abusos graves contra los derechos humanos.

"No debe haber amnistí­as, indultos que puedan impedir que se sepa la verdad o la determinación última de culpabilidad. Ningún acuerdo polí­tico deberá incluir la concesión de amnistí­as previas a la condena a presuntos autores de violaciones de derechos humanos", concluyó Irene Khan.

Información general

Mash\’an al Jabbouri, ex ayudante de \’Uday Sadam Husein, acusado de violaciones de derechos humanos y de corrupción.

Si desean consultar el texto í­ntegro en inglés del informe de Amnistí­a Internacional titulado Iraq: Responsibilities of the occupying powers, visiten: http://web.amnesty.org/library/index/engmde140892003.