Amnistí­a Internacional acogió con agrado los anuncios de diversas iniciativas gubernamentales y del legislativo para investigar los hechos pero reiteró "la necesidad de que cualquier investigación se realice con poderes y recursos suficientes, y que establezca responsabilidades por acción u omisión sobre los hechos ocurridos". Asimismo, la organización instó a que las investigaciones tengan lugar sin demoras y que los resultados se hagan públicos.

Los acontecimientos, ocurridos el 5 de abril, dejaron 69 muertos entre los que se encontraban tres mujeres que visitaban el penal, seis presos comunes, un policí­a y 59 jóvenes supuestamente miembros de la Mara 18, una de las dos principales pandillas de jóvenes en Honduras. Muchos de los cuerpos fueron encontrados decapitados y otros carbonizados a causa del incendio de gran parte del complejo.

Amnistí­a Internacional expresó profunda preocupación respecto al alto número de pandilleros muertos en el amotinamiento "si se considera que, en cuanto al total de la población penal, este grupo estaba en minorí­a de cinco a uno respecto a los otros reclusos".

Informes de prensa indicaban a los pandilleros de haber comenzado el motí­n. En la sociedad en general los pandilleros son considerados como responsables de gran cantidad de delitos, criminales por naturaleza y exentos de cualquier derecho humano. Este fue un tema que se trató en el informe de Amnistí­a Internacional sobre Honduras "Cero Tolerancia... a la impunidad. Ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998", publicado en febrero del 2003.

La organización también indicó su preocupación ante otros persistentes problemas del sistema penitenciario en Honduras y que pueden haber contribuido a este trágico incidente. Entre otros, el hacinamiento en los penales, exacerbado por la reclusión de gran cantidad de presos sin juicio o sentencia en el mismo sitio que aquellos ya sentenciados.

Además, "el Estado hondureo estarí­a infringiendo gravemente la normativa nacional e internacional vigente en Honduras que prohí­be expresamente la detención de menores en centros penales de adultos", dijo Amnistí­a Internacional, ante informes de que entre las ví­ctimas habí­an menores. Es de hacer notar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ya en 1998 habí­a condenado al Estado hondureño por esta práctica.

Asimismo, la organización también expresó preocupación por el hecho de que los acontecimientos en la granja penal El Porvenir no son aislados y pidió a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre el incidente ocurrido en la prisión de San Pedro Sula el pasado 21 de marzo, donde 7 presos pertenecientes a maras murieron asfixiados supuestamente por reos rivales.