España sigue padeciendo un elevado nivel de inflación. Pese a que el Indice de Precios al Consumo (IPC) ha sido levemente favorable en marzo, ningún indicador refleja un claro cambio de tendencia en el comportamiento de los precios, incoherente con la actual situación de bajo crecimiento económico y desaceleración del consumo. UGT considera que estos datos ponen de manifiesto que la polí­tica económica del Gobierno es incapaz de reactivar la economí­a, generar suficiente empleo, reducir precios y mejorar la protección social.

El sindicato insiste en la importancia de las cláusulas de revisión salarial para garantizar la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores (la media pactada en convenio es del 3,5%) y exige un cambio en la polí­tica económica que permita reducir de forma drástica la tasa de inflación y mejorar la convergencia real de nuestro paí­s.

Datos básicos

Mensual:
0,7%, una décima menos que en marzo del pasado año.

Anual:
3,7%, una décima menos que en febrero.

Subyacente
(sin alimentos no elaborados ni productos energéticos): 3,2%, una décima menos que en febrero.

Armonizado:
3,7%, una décima menos que en febrero.

El Índice de Precios de Consumo ha tenido un comportamiento levemente favorable en el mes de marzo, si bien no refleja ningún cambio de situación destacable, ni ofrece sí­ntomas suficientes para ser optimistas.

El aumento registrado de siete décimas es tan sólo una décima inferior al resultado obtenido en el mismo mes del pasado año, con lo que la tasa anual tan sólo se ha reducido en esa cuantí­a, hasta el 3,7%. En igual cifra se ha moderado la tasa subyacente, que elimina los componentes de evolución menos controlable, y que se sitúa en el 3,2%, en lí­nea con la tendencia que viene reflejando desde hace aproximadamente seis meses de suave descenso, después de que alcanzara un máximo en mayo y junio del pasado año (4,1%); evolución que, no obstante, parece estancada en los dos últimos meses.

El escenario que plantean por tanto los indicadores más visibles del IPC muestra un nivel aún muy elevado de inflación, incoherente con la actual situación de bajo crecimiento económico y desaceleración del consumo, en el que se aprecia una lenta reducción, aún frágil y muy dependiente de la evolución de factores diversos.

La resistencia a bajar que viene mostrando nuestro nivel de inflación tiene una explicación clara: la polí­tica económica del Gobierno ha resultado y resulta ineficaz para incidir sobre la inflación, dejando ésta a la intemperie, gobernada en última instancia por los vaivenes de elementos no controlables (como el precio del petróleo) y, sobre todo, por las decisiones de determinadas empresas con capacidad para fijar unos precios ajenos a las normas de la competencia.

El Ejecutivo ni ha llevado a cabo medidas directas eficaces, ni ha promovido actuaciones coordinadas favorables, ni ha incidido sobre los comportamientos empresariales insolidarios, ni tan siquiera ha sabido transmitir la relevancia del control de la inflación para el conjunto de la economí­a española en un contexto como el de la integración europea, que está sentando las bases de nuestro desarrollo futuro. Al contrario, su actitud ha contribuido al descontrol que viene atravesando la inflación desde hace tres años (la tasa de variación media del IPC en los tres últimos ejercicios ha sido de 3,4% y 3,5%, muy por encima de las irreales previsiones, fijadas en el 2%).

La leve mejorí­a que parece apreciarse ahora no está ni mucho menos consolidada, y la elevada inflación sigue siendo un grave problema que daña la calidad de vida de los trabajadores y la competitividad de las empresas. Algunos datos pueden servir para reflejar la situación: de los doce grupos de productos que forman en la actualidad el IPC, cinco de ellos, que suponen más de la mitad del gasto de los consumidores en la cesta de la compra, registran tasas por encima del 4%, y 24 de las 57 rúbricas en que se subdividen.

En un contexto de ralentización de la economí­a como el actual, con malas perspectivas de crecimiento en el corto plazo como vienen ratificando los principales organismos internacionales, y con aumentos salariales en la negociación colectiva inferiores al 3,5% (es decir, por debajo de la propia inflación, lo que ratifica la importancia decisiva de las cláusulas de revisión salarial), el mantenimiento de las actuales tasas de aumento de los precios no son admisibles.

En definitiva, la polí­tica económica del Gobierno resulta incapaz de reactivar la economí­a, de generar suficiente empleo y de moderar de forma drástica la tasa de inflación. Tampoco de mejorar las bases de nuestro Estado de Bienestar y de protección social. Es, por tanto, una polí­tica nula para el desarrollo económico y la mejora de la convergencia real de nuestro paí­s, que deberí­a ser cuanto antes revisada y reorientada.