"Llevadas a cabo tras la detención masiva y el juicio sumario de al menos 75 disidentes cubanos, a la mayorí­a de los cuales les han impuesto penas increí­blemente largas de prisión (de hasta 28 años), estas ejecuciones constituyen un grave menoscabo de los derechos humanos en Cuba", ha afirmado la organización, añadiendo:

"Desde el punto de vista de los derechos humanos, las ejecuciones son un suceso extremadamente preocupante, no solo porque marcan el fin de la ampliamente anunciada suspensión de hecho de la ejecuciones en Cuba, sino también porque los condenados fueron sometidos a un juicio sumario y porque sus apelaciones ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado se tramitaron de manera superficial e inadecuada, con el resultado de que fueron fusilados menos de una semana después del comienzo del juicio."

Las tres ví­ctimas, Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla Garcí­a y Jorge Luis Martí­nez Isaac, formaban parte de un grupo que, según informes, el 2 de abril secuestró un transbordador cubano con varias decenas de pasajeros abordo y e intentó obligarlo a dirigirse a Estados Unidos. Este secuestro, el tercero perpetrado en Cuba en dos semanas, acabó, sin que se hubiera producido derramamiento de sangre, tras un pulso de varios dí­as entre las fuerzas de seguridad cubanas y los secuestradores.

Actualmente hay al menos 50 condenados a muerte en Cuba. Amnistí­a Internacional teme que estas personas sean ejecutadas también en cualquier momento ahora que la suspensión de las ejecuciones ha terminado, por lo que ha pedido a las autoridades que conmuten urgentemente todas las condenas de muerte pendientes.

Lorenzo Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martí­nez fueron declarados culpables de terrorismo en virtud de la Ley 93 de finales de 1991, que amplió el ámbito de aplicación de las medidas antiterroristas existentes y reafirmó la imposición de la pena de muerte en los casos más extremos. Otros cuatro secuestradores fueron condenados a cadena perpetua, y a cuatro más les impusieron penas de prisión más leves.

En una declaración oficial sobre las ejecuciones del 11 de abril, el gobierno cubano afirmó que estaba siendo objeto de graves provocaciones y amenazas a su seguridad nacional por parte de Estados Unidos.

Amnistí­a Internacional ha declarado: "Las ejecuciones no tienen justificación, en especial cuando son el resultado de un juicio sumario. En las cuatro últimas semanas, Cuba ha invertido la dirección de los progresos que habí­a realizado a lo largo de años en materia de derechos humanos. Estas ejecuciones representan una reanudación injustificable de medidas represivas extremas que no se tomaban desde hací­a décadas y que, en última instancia, perjudican al pueblo cubano".