Todos/as los que estamos en contra de la globalización neoliberal de los piratas del G-8 nos vamos a concentrar el dí­a 21 (Sábado) a las 11 de la mañana en Génova esquina a Colón

¡CAMBIEMOS LAS REGLAS DE LA GLOBALIZACION ¡

Convocan: ATTAC, Ecologistas en Acción, Colectivo Craled, STESs, Izquierda Unida - CM y Los Verdes-Izquierda Madrileña

Al finalizar un representante de SINTEL leerá un comunicado conjunto

Ante la reunión del G-8 en Génova:
NO A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

Nuestro rechazo a esta nueva "Cumbre" del G-8 obedece a nuestra convicción de que las grandes potencias, más allá de la retórica contra la "pobreza", pretenden dar nuevos pasos adelante en la aplicación de un proyecto y unas recetas neoliberales y privatizadoras de servicios públicos esenciales, dejando además en segundo plano el problema de la deuda externa. Su propósito es, una vez más, satisfacer los intereses de las multinacionales y el capital financiero especulativo, en perjuicio de la gran mayorí­a de la humanidad y del planeta. Su negativa a dialogar y su intención de impedir la libre expresión, circulación (suspendiendo incluso los Acuerdos de Schengen) y manifestación de los movimientos que se oponen a la mercantilización de las personas y de bienes comunes básicos revelan su temor a debatir y reconocer que existen alternativas frente al mundo cada vez más desigual e injusto que están construyendo. Por tales razones, es evidente que el G-8, por lo menos, deberí­a adoptar un funcionamiento democrático, no como hasta la fecha. Además, a corto plazo está obligado, al menos, a incluir las siguientes polí­ticas en su agenda:

1. No más rondas negociadoras en la OMC sobre asuntos como inversiones extranjeras directas, contratas públicas, biotecnologí­a o "transparencia", como se plantea en la próxima reunión de la OMC en Qatar. Los compromisos incumplidos de la Ronda de Uruguay sobre asistencia técnica, acceso a mercados y reformas institucionales también deben ser completados antes de adoptar nuevas medidas.

2. Cada acuerdo internacional debe ser revisado para evaluar su impacto económico, social y ambiental hasta la fecha y para ser reorientado hací­a la sostenibilidad y la reducción de la pobreza. Las "pruebas de necesidad" en Las Barreras Técnicas al Comercio y Otros Acuerdos (que se utilizan por la OMC para derribar "barreras restricciones gubernamentales no-comerciales") deben ser reemplazadas por otras "pruebas de sostenibilidad", por ejemplo.

3. Las polí­ticas públicas y las leyes de los estados deben estar a salvo de ataques por acuerdos comerciales y de las presiones de organismos como el G-8. En particular, campos como la salud y la seguridad, la educación, cultura, energí­a, alimentación y seguridad hí­drica, servicios públicos, transporte público y protección ambiental no deben ser sujetos a las reglas del libre comercio internacional, que adquieren un rango legal superior a los objetivos polí­ticos nacionales no comerciales. La prioridad en el derecho internacional debe ser la aplicación de acuerdos y tratados multilaterales que protejan derechos sociales, laborales y ambientales. No, por tanto, a la privatización de bienes y servicios esenciales.

4. Comercio justo en lugar de Comercio Libre. El concepto de comercio justo exige que las reglas del comercio deban reconocer y respetar los derechos humanos y laborales fundamentales, incluidos los derechos de los pueblos indí­genas. Los productores locales, especialmente los que cultivan alimentos básicos, deben recibir un precio justo por su producción.

5. Se debe establecer un control democrático de los organismos internacionales. Las personas deben tener el derecho a conocer y a decidir sobre los compromisos internacionales adquiridos. La sociedad civil se configura como un nuevo referente ineludible para la discusión y adopción de decisiones, al tiempo que tales organismos acogen mecanismos democráticos de los que hoy carecen.

6. Reforma de las prioridades agrí­colas. Hace falta una reorientación desde el actual "comercio en cantidad" hací­a una polí­tica rural integrada y sostenible, defendiendo la identidad de producción y distribución alimentaria local/regional y preservando la soberaní­a y seguridad sobre alimentos básicos y el agua.

7. Las necesidades humanas y la naturaleza no pueden ser tratadas como meras mercancí­as. Las patentes de formas de vida deben ser prohibidas por todas las instituciones internacionales y nacionales para proteger la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos, evitando el control de grandes multinacionales sobre los recursos genéticos. Se debe renegociar el TRIP (Tratado relativo a la propiedad intelectual) para conseguirlo. La bio-piraterí­a, el robo de conocimiento tradicional, debe ser prohibida por el comercio internacional. Los agricultores deben tener el derecho de usar semillas guardadas de cosechas anteriores.

8. Se debe abolir la deuda de los paí­ses del Sur. Además se debe parar el uso de programas financieros de ajuste estructural para obligar a la aceptación de la liberalización del comercio por parte de paí­ses del Sur. Las polí­ticas de las instituciones financieras internacionales deben dar la prioridad al fortalecimiento de economí­as locales y regionales en lugar de fomentar, por encima de todo, la competencia en el mercado mundial.

9. Control democrático de la economí­a financiera. Se deben poner los medios para un control por parte de los ciudadanos de la economí­a financiera, cuyo único objetivo no sea el beneficio a cualquier costo. La Tasa Tobin podrí­a ser un mecanismo adecuado para evitar el capitalismo de casino.

10. Renuncia a una nueva escalada armamentí­stica. Como primer paso hacia un progresivo desarme mundial se debe renunciar al incremento en los gastos militares en los estados del G-8. Dentro de este aspecto es fundamental no poner en marcha el plan estadounidense de creación de un escudo contra misiles balí­sticos. Este proyecto hará incrementar las tensiones a nivel mundial y supondrá un grandí­simo incremento en los gastos militares. Además, se deben poner los medios para el control transparente y democrático del comercio de armas.

11. Firma del Protocolo de Kioto. Los estados que integran el G-8 son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello deben ratificar el protocolo de Kioto, como paso previo a nuevas negociaciones que conlleven planes de reducción de emisiones mucho más ambiciosos y necesarios.

12. No a la represión de los movimientos sociales. La criminalización que está sufriendo el movimiento anti-globalización en todo el mundo debe cesar de inmediato. Desde las élites gobernantes se quiere evitar el imprescindible debate polí­tico mediante la estigmatización de movimientos amplios, necesarios y democráticos. Olvidan, por tanto, que su tarea como gobernantes deberí­a establecer un diálogo con los gobernados.

ATTAC, Ecologistas en Acción-Madrid,,Colectivo Craled,STEs, Los Verdes-Izquierda Madrileña, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid.