Para la doctora Martha Elena Pinto de De Hart, ministra de Comunicaciones, "el servicio de radiodifusión comunitaria tiene una misión que cumplir como expresión de una sociedad civil que valora la comunicación y se afianza en los principios de participación, respeto y fomento a las identidades culturales, convivencia pací­fica y pluralismo como elementos fundamentales para el progreso de las comunidades locales".

A pesar de las amenzas y muertes de periodistas en varias zonas del paí­s, incluidos radialistas comunitarios, la demanda por crear medios de comunicación sociales sigue creciendo. Es debido a la demada existente, justamente, que el Ministerio ha considerado "necesario reanudar en este primer semestre la adjudicación de licencias para más de 500 municipios que han manfiestado interés en el montaje de este tipo de emisoras", de acuerdo a la normativa vigente, que reconoce el derecho de las comuidades a contar con medios de comunicación, según el decreto 1447 de 1995 firmado por el entonces presidente de Colombia, César Gaviria.

Este marco normativo establece, según la ministra, un principio de equidad en la asignación de las licencias de radio comunitaria, a la vez que las reconoce como "empresas sociales de comunicación" y las dota de fuentes claras de ingreso, a diferencia de otras reglamentaciones de la región que impiden esta posibilidad y por tanto las discriminan con respecto a otros servicios de radiodifusión.

Al respecto, la legislación colombiana considera como alternativas de financiación "las donaciones, patrocinios, contribuciones, auspicios y aportes" así­ como 15 minutos de publicidad "como una fuente necesaria para el sostenimiento" de la emisora.

El Ministerio de Comunicaciones ha iniciado, a su vez, un proceso de consulta pública para mejorar esta normativa, para lo cual ha dispuesto el texto del proyecto de reforma en su pagina web www.mincomunicaciones.gov.co. El objetivo de esta reforma serí­a "redefinir el concepto legal de radio comunitaria, afinar el concepto participativo y modificar algunos de los requisitos que deben acreditar las organizaciones sociales para obtener la licencia, de manera que se garantice su sostenibilidad politica, social y financiera".