La Consejerí­a de Medio Ambiente habí­a archivado el expediente por no encontrar motivo a los reiterados vertidos durante los fines de semana
La gravera de Aladueña y Peñalver ha sido sancionada con 500.000 pesetas por la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos de lodos al rí­o Jarama, desde sus instalaciones junto al puente del ff.cc., en San Fernando de Henares. Las instalaciones de la gravera se localizan en el interior del Parque Regional del Sureste.

Los lodos resultantes del lavado de los áridos se retení­an en balsas de decantación y se liberaban a primeras horas de los fines de semana. Por este motivo la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto" vení­a presentando denuncias desde 1997 (9/4/97, 21/7/2000, 17/9/2000...) ante diferentes administraciones. Los vertidos de toneladas de sedimentos al rí­o han causado un grave daño a las posibilidades de recuperación del rí­o al cegar las oquedades del fondo.

La Consejerí­a de Medio Ambiente nunca encontró motivo de sanción a pesar de las pruebas fotográficas que se le remití­an y la invitación a visitar el punto de vertido. El 3 de noviembre de 2000 decidió archivar definitivamente el expediente informativo abierto. Este caso de incompetencia de la Administración Regional, encargada de gestionar el espacio protegido, se ha producido en numerosas ocasiones y lugares (vertidos contaminantes de la Lavanderí­a del Insalud-Mejorada, canalización encubierta del Jarama en Velilla de San Antonio, vertidos de lodos desde la planta de Steetley en el Puente de Mejorada del Campo,...) dejando en evidencia la incompetencia de la Administración Regional, encargada de la conservación de este espacio protegido.

La sanción ahora confirmada por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (a pesar de su calificación de "leve") demuestra el grave daño que estas plantas de lavado de áridos están causando al rí­o. Situadas en su mayor parte en la misma ribera, utilizan el rí­o como desagí¼e de los lodos que producen. A pesar de que estas instalaciones se localizan en "zonas de reserva natural", donde la actividad minera está prohibida por la legislación del Parque (artí­culo 28 de la Ley 6/94, de 28 de junio), la Consejerí­a de Medio Ambiente no ha adoptado ninguna medida para el traslado de las instalaciones lejos de la ribera (previsto en la misma Ley)