Lagos."” El 31 de marzo, el Proyecto de Defensa y Asistencia Legal (LEDAP, "Legal Defense and Assistance Project") de Nigeria y Amnistí­a Internacional han expresado su profunda inquietud por las violaciones de derechos humanos cometidas a medida que aumenta la violencia polí­tica con motivo de las elecciones federales y estatales en Nigeria, previstas para abril y mayo de 2003.

Los informes sobre actos de violencia polí­tica "”como asesinatos de dirigentes polí­ticos, enfrentamientos entre simpatizantes de distintas ideas polí­ticas tanto en el seno de los partidos como entre partidos rivales, e intimidación y hostigamiento de candidatos y simpatizantes"” han aumentado de forma considerable en los últimos meses. Se han recibido gran cantidad de informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las elecciones locales de los últimos cuatro años y, al parecer, tales violaciones forman parte de la lucha por el poder en los ámbitos estatal y federal.

Amnistí­a Internacional y el Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria consideran que este aumento de la violencia polí­tica está dando lugar a la comisión de violaciones del derecho fundamental a la vida y a la integridad fí­sica e impide la verdadera participación y la libertad de expresión.

Llamamiento a los dirigentes y partidos polí­ticos

Actualmente se están cometiendo asesinatos polí­ticos en todo Nigeria con motivo de las próximas elecciones federales y estatales. Marshall Harry, miembro destacado del Partido de Todo el Pueblo de Nigeria, perdió la vida a manos de unos individuos armados sin identificar que irrumpieron en su residencia de Abuja la noche del 5 de marzo de 2003. El 10 de febrero de 2003, Ogbonaya Uche, candidato al Senado por el mismo partido, murió en Owerri dí­as después de unos individuos armados sin identificar le dispararan, al parecer por motivos polí­ticos. A Dele Arojo, dirigente del Partido Democrático del Pueblo ("People\’s Democratic Party", PDP) y candidato a la presidencia del gobierno del estado de Ogun, lo mataron en Lagos el 27 de noviembre de 2002, según parece también por motivos polí­ticos.

Asimismo se han recibido informes procedentes de todo el paí­s sobre actos de violencia, hostigamiento e intimidación de opositores polí­ticos y de otros ciudadanos por motivos polí­ticos a manos de miembros de los gobiernos estatales y de partidos polí­ticos representados en las cámaras legislativas estatales. La violencia polí­tica en el ámbito estatal es particularmente grave en los estados de Ebonyi, Anambra y Bayelsa. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2002, el presidente del Colegio de Abogados de Nigeria en el estado de Anambra, Barnabas Igwe, y su esposa murieron a manos de un grupo de personas armadas con machetes. Barnabas Igwe se habí­a opuesto públicamente a los grupos parapoliciales apoyados por el estado en Anambra y habí­a criticado abiertamente al gobernador del estado.

También se han recibido informes según los cuales tanto partidos como dirigentes polí­ticos han instigado la violencia entre votantes y simpatizantes. Tres personas murieron y varias más resultaron heridas en noviembre de 2002 tras un enfrentamiento entre simpatizantes de la Alianza para la Democracia ("Alliance for Democracy", AD) y del Partido Democrático del Pueblo en Effurun, estado de Delta.

La violencia en la persecución del poder polí­tico en los distritos electorales locales preocupa especialmente al Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y a Amnistí­a Internacional ya que suele producirse en zonas de difí­cil acceso y apenas tiene resonancia en los medios de comunicación. Las elecciones locales se celebran durante todo el año, al contrario que las elecciones estatales, federales y presidenciales, que sólo se convocan durante un periodo limitado de unos dos meses. Sin embargo, existe el peligro de que la violencia se intensifique durante las elecciones estatales y federales, dado que facciones y grupos polí­ticos toman partido respecto a los candidatos que se presentan a los cargos ejecutivos y a la asamblea legislativa.

El Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y Amnistí­a Internacional han pedido a todos los candidatos a las elecciones que hagan todo lo posible para impedir la violencia polí­tica, ya sea generada por los dirigentes o los simpatizantes de sus propios partidos polí­ticos en disputas internas o contra los dirigentes o simpatizantes de otros partidos polí­ticos. Los candidatos deben abstenerse de avivar las tensiones étnicas o religiosas entre el electorado en el ámbito estatal y federal que puedan desembocar en violencia entre comunidades o grupos religiosos basada en la afiliación polí­tica.

El Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y Amnistí­a Internacional han pedido a todos los partidos polí­ticos que expresen públicamente su compromiso para frenar la violencia polí­tica entre sus seguidores y que, con independencia de la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los jueces, lleven a cabo investigaciones internas exhaustivas sobre las denuncias relativas a actos de violencia por motivos polí­ticos promovidos por sus miembros. Asimismo ambas organizaciones han instado a los partidos a hacer públicas las conclusiones de estas investigaciones y a establecer estrictas medidas disciplinarias para quienes resulten culpables de semejantes actos en el seno de su partido.

Llamamiento al gobierno federal

El Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y Amnistí­a Internacional han pedido al gobierno de Nigeria que ofrezca protección urgente a los polí­ticos y otros individuos especialmente expuestos a sufrir actos de violencia durante el periodo electoral. Resulta profundamente preocupante que en algunos de los casos de presunto homicidio polí­tico las ví­ctimas hayan solicitado protección a la policí­a y, según informes, no se hayan adoptado medidas de seguridad efectivas.

En los últimos cuatro años, Amnistí­a Internacional y el Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria han denunciado la creciente afluencia de armas de fuego al interior de Nigeria y la creación de grupos armados, incluidos grupos parapoliciales que son utilizados por los polí­ticos para fomentar la violencia polí­tica y para hostigar e intimidar a opositores polí­ticos en el ámbito local y estatal. Ambas organizaciones temen que, si no se adoptan medidas de forma inmediata y sostenida para impedir las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos parapoliciales y otros grupos armados, será inevitable que se cometan más abusos.

Todos los actos de violencia polí­tica, así­ como la existencia de grupos armados, deben ser investigados sin demora y todos los presuntos autores de violaciones de derechos humanos deben ser procesados de conformidad con las normas internacionales para la celebración de juicios justos.

Llamamiento a la Comisión Electoral Nacional Independiente y a las fuerzas de seguridad

Señalando que la Comisión Electoral Nacional Independiente tiene el deber constitucional de garantizar una organización pací­fica de las elecciones, el Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y Amnistí­a Internacional han hecho un llamamiento a la Comisión para que establezca un estrecho contacto con la policí­a nigeriana con miras a una coordinación apropiada y eficaz del despliegue de personal y material de seguridad antes, durante y después de las elecciones, a fin de garantizar que no se cometen violaciones de derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a votar en las elecciones.

En particular, la Comisión Electoral Nacional Independiente y la policí­a nigeriana deben colaborar eficazmente para determinar las áreas clave de despliegue de las fuerzas de seguridad durante el periodo electoral, dando máxima prioridad a las consideraciones sobre cómo prevenir las violaciones de derechos humanos. La Comisión debe ayudar a la policí­a nigeriana a movilizar y formar a los agentes de policí­a en la gestión del conflicto electoral y equiparlos debidamente para reaccionar frente a los actos de violencia polí­tica con arreglo a las normas internacionales relativas a los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.

Llamamiento a los observadores nacionales e internacionales y a la comunidad internacional

Amnistí­a Internacional y el Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria consideran positivo el significativo aumento del número de observadores internacionales asignados a las elecciones de abril y mayo de 2003 con respecto a las elecciones de 1999. Ambas organizaciones han hecho un llamamiento a gobiernos, instituciones y organizaciones que han enviado observadores "”como la Unión Europea y la Commonwealth"” para que den prioridad en sus informes a la vigilancia del respeto de los derechos humanos de votantes y candidatos. Los observadores deben recibir preparación exhaustiva para que hagan frente a los numerosos casos de violencia polí­tica y recibir instrucciones para que colaboren con la policí­a nigeriana y la Comisión Electoral Nacional Independiente en la identificación y presentación de informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el proceso electoral. Los observadores deben someter a observación la totalidad del proceso electoral, incluidas las elecciones federales y estatales de los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, y continuar con la labor de observación en el periodo posterior a las elecciones.

El Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria y Amnistí­a Internacional han pedido a la comunidad internacional que exprese públicamente su preocupación por el incremento de la violencia polí­tica durante las elecciones, y a los gobiernos que consideren prioritaria la evaluación de los observadores nacionales e internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria durante las elecciones en sus contactos con el gobierno nigeriano.

Información general

El Proyecto de Defensa y Asistencia Legal de Nigeria es una organización sin fines lucrativos dedicada a la protección jurí­dica y la promoción de los derechos humanos y el buen gobierno en Nigeria.

Amnistí­a Internacional es una organización mundial de defensa de los derechos humanos sin fines lucrativos e independiente de todo gobierno.