Las ONG lamentan el nivel de transparencia y control en el comercio de armas del Gobierno español

Amnistí­a Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras, ONG de la campaña "Adiós a las armas", alertan que muchos de los contratos armamentí­sticos españoles vulnerarí­an el Código de Conducta sobre Transferencias de Armas de la Unión Europea de hacerse efectivos. Esta afirmación se desprende del informe Alerta 2003: Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autí²noma de Barcelona (UAB) que se presenta hoy en rueda de prensa.

El informe resalta como especialmente preocupantes las exportaciones que puedan servir para mantener conflictos armados, provocar violaciones de los derechos humanos, mermar el desarrollo humano de los paí­ses receptores o alimentar la inestabilidad regional.

Diversos paí­ses de Oriente Medio, la región más militarizada del planeta, también tienen contratos armamentí­sticos con empresas españolas, como es el caso de Arabia Saudita (1.300 millones de dólares), Emiratos Árabes Unidos (156\’2 millones €), Jordania (45 millones €) o Turquí­a (278 millones de €). Destaca también el hecho de que España tiene importantes contratos con Estados Unidos (más de 1.000 millones euros) y el Reino Unido cuya cifra se desconoce. Estas ventas también vulnerarí­an el Código de Conducta al tratarse de paí­ses en guerra.

Pero además de la inestabilidad de Oriente Medio a causa de la guerra en Irak, en el mundo hay actualmente también otros muchos conflictos armados. La lista de contratos españoles recoge también paí­ses inmersos en contextos de clara tensión e inestabilidad como Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Corea del Sur, Taiwán o Venezuela, así­ como con Sri Lanka, en un proceso de paz que podrí­a peligrar por la llegada de nuevos armamentos. Además, el Gobierno español ha firmado un convenio de "colaboración militar" con Colombia "en el marco de la paz y la lucha antiterrorista", paí­s que vive inmerso en un grave conflicto armado donde la población civil es ví­ctima del fuego cruzado y de constantes violaciones de derechos humanos.

Estos supuestos vulneran lo establecido por la UE en su Código de Conducta en 1998 que establece que "no se pueden transferir armas a paí­ses embargados, en conflicto, inestables, que no respeten los estándares de derechos humanos, con problemas de desarrollo o que exista riesgo evidente de desví­o de la venta a un tercer paí­s". Por este motivo la campaña "Adiós a las armas" solicita al gobierno español una mayor responsabilidad en su polí­tica de venta de armas, así­ como una mayor implicación en la prevención de conflictos armados y en la construcción de la paz.

"Alerta 2003 es un buen instrumento orientador y preventivo sobre la situación mundial en lo relativo a conflictos armados, derechos humanos y construcción de la paz, tanto para los centros de decisión polí­tica, como para la sociedad civil", ha declarado Vicení§ Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau.

Para los portavoces de las ONG, es preocupante que el Parlamento a dí­a de hoy sólo disponga de los datos de exportación de armas del año 2001. La falta de los informes semestrales posteriores demuestra que el Gobierno no está cumpliendo los compromisos adquiridos e indica un importante retroceso en el control y transparencia de los contratos.

"Este hecho elimina cualquier intento de prevención, más aún cuando vemos la cuantiosa cartera de pedidos de la industria militar española con paí­ses en guerra, inestables, que vulneran los derechos humanos o con problemas de desarrollo", en opinión de las ONG de la campaña "Adiós a las armas".

Por este motivo, estas ONG solicitan que se prohí­ba cualquier licencia de exportación que pueda violar lo estipulado en el Código de Conducta, y que se empleen los mecanismos preventivos existentes (como el informe "Alerta 2003" ) para saber dónde no deben autorizarse exportaciones de armamento.

Por otra parte, y en el contexto de la guerra en Irak, las 4 organizaciones recuerdan la prohibición del uso por las partes en conflicto de armas indiscriminadas como las bombas de racimo, o las minas antipersona. Las bombas caí­das sobre sendos mercados en Bagdad que provocaron la muerte de decenas de personas demuestran que no se están tomando las medidas necesarias para proteger a la población civil. Ello evidencia que las partes en conflicto están incumpliendo el Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra.

– Escola de Cultura de Pau: Daniel Luz 93 581 17 32
– Amnistí­a Internacional: Anna Grau 91 310 12 77/ 630 746 802
– Greenpeace: Asensio Rodrí­guez91 444 14 00/ 609 503 974
– Intermón Oxfam: Héctor Oliva 93 482 07 81
– Médicos Sin Fronteras: Isabel Leal 629 187 000 / 93 304 62 15