Las mayores organizaciones ecologistas y sindicales del paí­s (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-Adena, CCOO y UGT) han pedido a Ruiz Gallardón que no autorice a empresas de EE UU la construcción en la Comunidad de Madrid de centrales térmicas, en respuesta a la negativa de Bush a ratificar el Protocolo de Kioto sobre cambio climático.

Estas organizaciones han enviado sendas cartas al presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en una iniciativa que forma parte del movimiento mundial de rechazo provocado por la decisión del Presidente de EE UU, George W. Bush, de abandonar el Protocolo de Kioto. El próximo lunes se inicia en Bonn una cumbre mundial sobre cambio climático, decisiva para asegurar la entrada en vigor de este tratado internacional, que por primera vez obliga a comenzar a reducir las emisiones de CO2.

Las organizaciones firmantes opinan que España, al estar comprometida como parte de la Unión Europea en el proceso de ratificación del Protocolo, debe hacer todo lo posible para conseguir que el Gobierno de EE UU reconsidere su postura, dado que se trata del paí­s responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales de los gases que provocan el cambio climático.

Madrid puede contribuir de forma significativa a este proceso. Una de las medidas que el Gobierno madrileño deberí­a tomar es la relativa a los intereses de las empresas norteamericanas en la región, particularmente aquellas inversiones que van a suponer una mayor contribución al aumento de emisiones de CO2. En concreto, señalan que la empresa estadounidense ENTERGY tiene un proyecto de central térmica en Morata de Tajuña, de 1.200 MW. Esta central podrí­a suponer la emisión de unas 3.900.000 toneladas de CO2 al año.

Según ecologistas y sindicalistas, la Comunidad de Madrid deberí­a oponerse a la construcción de centrales térmicas norteamericanas y, por tanto, instar al Gobierno central a que deniegue la concesión de instalación de esta central, por dos motivos principales:

1. Porque con ella aumentarí­an las emisiones imputadas al Estado español, que está obligado por los objetivos del Protocolo de Kioto a situarlas en un nivel claramente inferior al actual,

2. y porque, además, ello ocurrirí­a para beneficio de una empresa de un paí­s que unilateralmente no quiere vincularse con el Protocolo, y que, por tanto, no acepta reducir sus propias emisiones.

Estas organizaciones creen que, por el contrario, lo que se deberí­a favorecer es la inversión de empresas en energí­as renovables, proyectos que favorecen la reducción de emisiones al tiempo que posibilitan una mayor creación de empleo.

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