Los representantes ecologistas en los Consejos Consultivos de Hidrocarburos y de Electricidad de la Comisión Nacional de la Energí­a han solicitado al presidente de dicho organismo una debate sobre el trato excepcional concedido por el Gobierno a la eléctrica Iberdrola. Greenpeace se haya representada en el Consejo Consultivo de Electricidad, mientras que Ecologistas en Acción ocupa la plaza en el Consejo de Hidrocarburos. Ambos colectivos entienden que el Gobierno está exhibiendo un elevado nivel de tolerancia con un cúmulo importante de irregularidades cometidas por Iberdrola en la construcción de centrales térmicas.

Iberdrola, que supera el 20% de la capacidad de producción de electricidad en el sistema peninsular, debí­a limitar su presencia en el mercado eléctrico para facilitar la competencia. Este teóricamente era el objetivo del muy publicitado Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia de bienes y servicios, promulgado por el Gobierno del PP en junio del 2000. En teorí­a dicha compañí­a no podrí­a aumentar su presencia en el mercado eléctrico hasta pasados 3 años.

Todas las previsiones se han convertido en papel mojado e Iberdrola ha obtenido algo que no puede considerarse sino un trato de favor. Se le permitió en el momento de publicarse el Decreto continuar con la construcción de 2600 MW de potencia que habí­an superado el trámite de información pública, se le autorizó además a continuar de manera ilegal las obras de una térmica en Tarragona de 400 MW, se le permitió comprar a diversas empresas 1.600 MW de potencia en Arcos de la Frontera (Cádiz) y recientemente se le ha dado permiso para construir en Aceca (Toledo) sin haber informado de la potencia que dará de baja. La paradoja es que después de aplicar un decreto que en teorí­a tení­a como objetivo limitar la participación de Iberdrola en el mercado eléctrico nacional, el resultado es que su participación aumentará de forma desmesurada.

Iberdrola ha iniciado movimientos del terreno en las plantas adquiridas en Arcos de la Frontera pese a que en teorí­a está afectada por una moratoria y a que no se ha dictado la preceptiva Resolución sobre la transmisión de esas instalaciones. Dicha resolución sólo podí­a resultar negativa en coherencia con el marco legal. Además la instalación carece de la preceptiva Evaluación Ambiental Integrada que debí­a haberse obtenido antes de la aprobación del proyecto de ejecución, previo en todo caso al inicio de las obras. Dichas obras han sido duramente criticadas por Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma Ciudadana "no a las térmicas" de Arcos.

Para Ladislao Martí­nez, representante de Ecologistas en Acción, "no estamos ante un caso de despiste administrativo, las reiteradas omisiones del Gobierno ante la vulneración de la ley por Iberdrola indican que existe trato de favor hacia esa empresa".