Este proyecto propone las mismas medidas que han tenido consecuencias trágicas en los ferrocarriles británicos, segregando la infraestructura con la consiguiente ruptura del sistema integrado de seguridad. Otras consecuencias serán el cierre de lí­neas, nuevas reducciones de plantilla que harán inviable el transporte y perjudiquen la seguridad de las circulaciones ferroviarias, aumentos de tarifas y nuevas desapariciones de servicios. Pero sobre todo, la privatización roba a la sociedad sus bienes y sus derechos, y el ferrocarril dejará de tener como objetivo el servicio público para convertirse en un negocio financiado con el dinero de todos para beneficio de determinadas multinacionales, en detrimento de la calidad del empleo, de la seguridad y del sector público estatal.

El Gobierno ha sido incapaz de plasmar en la legislación española las múltiples directivas comunitarias para hacer del transporte ferroviario un servicio público de calidad, seguro y accesible a todos los rincones de este paí­s. Por el contrario, el Gobierno decide imitar el fracasado sistema británico, cuyas consecuencias se ha visto ya que van en detrimento de los usuarios del tren y que sólo favorecen al sector privado.

La ley que estudia el Gobierno ha sido elaborada sin una negociación con los sindicatos y sin haber sido consultada de forma suficiente con el resto de organizaciones polí­ticas parlamentarias ni con las Comunidades Autónomas que se van a ver seriamente afectadas.

El GIF, creado en 1996 como instrumento para iniciar la liberalización del ferrocarril, ha fracasado estrepitosamente ya en su primer proyecto: el desastre de la puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Lleida pone de manifiesto el fracaso de un modelo ferroviario liberalizado, segregado y privatizado. Pronto veremos extenderse las consecuencias a todo el ferrocarril si el gobierno sigue empeñado en llevar la voz cantante en la Unión Europea con la destrucción del sector público.

Desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril queremos manifestar nuestra total oposición a la polí­tica ferroviaria del Gobierno, a sus intentos privatizadores y a la construcción de nuevas lí­neas exclusivas para la alta velocidad (AVE) por sus graví­simos impactos ambientales, sus desequilibrios territoriales, su altí­simo coste económico, su elevado consumo energético y su escasa utilidad social. Proponemos un gran debate público, con participación de las plataformas en defensa del ferrocarril, asociaciones ecologistas, sindicatos, asociaciones vecinales, centros universitarios, centros de investigación, organizaciones polí­ticas, y ciudadaní­a en general, sobre el futuro del ferrocarril en nuestro paí­s.