LA SECRETARIA DE ACCION SINDICAL DE CC.OO. CONSIDERA UNA TEMERIDAD LA PROPUESTA DEL GOBIERNO Y LE EXIGE MAYOR PRUDENCIA SOBRE LA REFORMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Ante la noticia publicada hoy en el diario Expansión, referida a la reforma de la negociación colectiva y el proyecto manejado por el Gobierno, la Secretarí­a Confederal de Acción Sindical de CC.OO. ha emitido un comunicado exigiendo al Gobierno mayor prudencia sobre esta materia.

Según CC.OO., el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva (AINC) firmado en 1997 por las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO. y UGT) y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, es una buena base para emprender una negociación que requiere el acuerdo entre los interlocutores sociales para poder conseguir una reforma eficaz.

En este sentido, CC.OO. recuerda que del AINC se desprenden reformas sobre la estructura de la negociación colectiva (ámbitos de negociación); su articulación (reparto de materias entre los distintos ámbitos de los convenios colectivos); contenidos a integrar en los convenios; el deber de negociar; la ampliación de los derechos de información; etcétera. Reformas que obligan, también, a revisar cuáles son las partes legitimadas para negociar en cada ámbito.

En definitiva, el AINC pretendí­a reforzar la regulación colectiva de las condiciones de trabajo y los derechos laborales, con un papel protagonista de las organizaciones sindicales y empresariales.

Hablar, como se desprende de la noticia sobre el proyecto gubernamental, de individualizar las relaciones laborales, primando el contrato frente al convenio; o hablar de la eliminación de la "ultraactividad" del convenio, de forma que las normas que regulan las relaciones laborales tengan fecha de caducidad pudiendo desaparecer sin haber sido sustituidas por otras es una temeridad.

Una desregulación que no puede ocultarse presentando como novedad lo que no lo es (la capacidad de pactar duraciones indefinidas de determinados contenidos del convenio colectivo) o como cautela (evitar que al final de los acuerdos se supriman de golpe los derechos de los trabajadores) lo que en realidad significa la pérdida de las existentes en la actualidad. Tasar tiempos para la prórroga de las normas y limitar éstas a salario y jornada, dando un mes por cada año de vigencia del convenio pactado, provocarí­a una intensa pérdida de derechos y un alto grado de conflictividad. Esta es la peor contribución que puede hacerse ya no sólo a la regulación de los derechos laborales sino a la propia eficacia económica de las empresas y a su capacidad de competir.

Es tanto como pretender debilitar una pieza clave del entramado democrático que la Constitución establece, como es la capacidad de representación de las organizaciones sindicales y empresariales y el valor de la negociación colectiva dando a los convenios un carácter vinculante en el artí­culo 37 de la norma constitucional.

CC.OO. espera, por tanto, que la posición del Gobierno en esta negociación se base en el Acuerdo previo alcanzado en 1997 y trate de garantizar su aplicación y desarrollo. Otras intenciones que no sean las de reforzar la regulación colectiva y la capacidad de intervención de las organizaciones sindicales y empresariales nunca podrán progresar en una negociación que persiga un acuerdo. Y sin acuerdo esta reforma nacerí­a, simplemente, muerta.