Hablando en 1995 sobre la creación de la Organización Mundial de Comercio, el entonces Director General Renato Ruggiero afirmó que "Estamos escribiendo la constitución de una única economí­a global." Lo que no dijo era que esta "constitución" era diseñada para crear un régimen comprehensivo de liberalización y promoción del comercio sin los frenos y los equilibrios, la separación de los poderes judiciales y ejecutivos, la subsidariedad democrática y legislativa, la protección de minorí­as y otras garantí­as esenciales que son elementos imprescindibles en una constitución moderna. Si aquella constitución tiene la intención de servir más de 140 estados soberanos, la arquitectura financiera tiene que ser construida con un grado de sensibilidad que le falta de forma manifiesta a la OMC.

Todas las instituciones financieras desarrolladas desde el acuerdo de Bretton Woods de 1944 han colocado un énfasis predominante en valores económicos. Ahora la OMC ha extendido este fuerte sesgo hacia los valores crematí­sticos del comercio internacional. Preocupaciones sociales, sanitarias, laborales y ambientales, y la necesidad de combatir la pobreza y erradicar la deuda externa, aunque ahora formalmente reconocidas, son tratadas como unas "extras opcionales" que de alguna forma se intenta pegarse por encima de las actuales estructuras no-democráticas y no-transparentes del comercio mundial.

Mientras, ha surgido, con una suerte bastante desigual, una red paralela de acuerdos multilaterales no-comerciales, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Dos ejemplos son la Convención sobre Biodiversidad (con su Protocolo de Bioseguridad de Cartagena) y la Convención sobre Cambio climático (y su Protocolo de Kioto). Incluso, últimamente se habla mucho de crear una "Organización Mundial del Medio Ambiente" en la cumbre de Rí­o + 10 en el 2002. El desafí­o es determinar como los tratados no comerciales pueden eficazmente equilibrar la agenda liberalizadora, ejemplificada por la OMC (pero no limitada a ella), para dar prioridad a objetivos sociales y ambientales en la llamada "jerarquí­a de normas".

Porqué una reforma de la globalización económica requerirí­a una agenda de acción que englobara una evaluación profunda del impacto de anteriores medidas de liberalización del comercio mundial, una radical reorientación de los objetivos del comercio hacia la justicia social y la sostenibilidad, la definición de normas y valores aplicables a polí­ticas comerciales y una democratización de las instituciones internacionales en nombre de todas las partes afectadas.

Es evidente que las actuales polí­ticas de la Organización Mundial del Comercio contradicen los principios de un comercio justo y ecológico. Seguramente, y así­ se reclama de las calles de muchas ciudades del mundo, la OMC debe ser abolida y reemplazada totalmente por otras organizaciones más democráticas. Pero a corto plazo, para reducir los peores efectos de la OMC, se podrí­a plantear las siguientes propuestas, para reformar algunas de las reglas del comercio mundial.

1. No a más rondas negociadoras, como se plantean en la próxima reunión de la OMC en Qatar, sobre asuntos como inversiones extranjeras directas, contratas públicas, biotecnologia o "transparencia". Mientras haya negociaciones en curso sobre agricultura, servicios, propiedad intelectual, no debe haber más pasos de liberalización hasta los objetivos estratégicos de estos acuerdos hayan sido redactados. Los compromisos incumplidos de la Ronda de Uruguay sobre asistencia técnica, acceso a mercados y reformas institucionales también deben ser completados antes de nuevas medidas.

2. Cada acuerdo existente de la OMC debe ser revisado para evaluar su impacto económico, social y ambiental hasta la fecha y para ser reorientado hací­a la sostenibilidad y la reducción de la pobreza. Las "pruebas de necesidad" en Las Barreras Técnicas al Comercio y Otros Acuerdos (que se utilizan por la OMC para derribar "barreras restricciones gubernamentales no-comerciales") deben ser reemplazadas por otras "pruebas de sostenibilidad".

3. Polí­ticas públicas y las leyes de los estados deben estar a salvo de ataques por acuerdos comerciales. En particular, campos como la salud y la seguridad, la educación, cultura, energí­a, alimentación y seguridad hí­drica, servicios públicos, transporte público, protección ambiental no deben ser sujetos a las reglas del libre comercio internacional que adquieren un rango legal superior a los objetivos polí­ticos nacionales no comerciales La prioridad en el derecho internacional debe ser la aplicación de acuerdos y tratados multilaterales que protegen derechos sociales, laborales y ambientales. Las reglas del comercio internacional deben ser subsidiarias de la futura Organización Mundial de Medio Ambiente.

4. Comercio justo en lugar de Comercio Libre. Los paí­ses menos desarrollados que constituyen la mayorí­a sustancial de la OMC deben recibir un tratamiento especial y diferente que tiene en cuenta su posición relativamente débil en la red del comercio mundial. El concepto de comercio justo exige que las reglas del comercio deben reconocer y respetar los derechos humanos y laborales fundamentales, incluidos los derechos de los pueblos indí­genas. Los productores locales, especialmente los que cultivan alimentos básicos, deben recibir un precio equitativo para su producción.

5. Un control democrático de la OMC debe ser establecido. Las personas deben tener el derecho a conocer y a decidir sobre los compromisos comerciales internacionales. Entre otras cosas, esto exige que los procesos de decisión en negociaciones y en el cumplimiento de acuerdos dentro de instituciones comerciales internacionales deben ser democráticos y transparentes. Se necesita posibilitar un control legislativo por parte de representantes elegidos de estados miembros. Significarí­a que los mandatos para todos los tratados comerciales internacionales deben emanar primero de parlamentos nacionales o regionales para después ser ratificados por los mismos. La voz de la sociedad civil, organizaciones y parlamentarios, como, por ejemplo, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, también debe ser escuchada.

6. Reforma de las prioridades agrí­colas. La reforma de los objetivos del Acuerdo Agrí­cola de la OMC debe abordarse al mismo tiempo que la reforma de la Polí­tica Agraria Común de la Unión Europea. Hace falta una reorientación desde el actual "comercio en cantidad" hací­a una polí­tica rural integrada y sostenible, defendiendo la identidad de producción y distribución alimentaria local/regional y preservando la soberaní­a y seguridad sobre alimentos básicos y el agua. Se debe crear un nuevo organismo internacional a partir de la FAO de las Naciones Unidas para ocuparse del desarrollo rural y el comercio agrario.

7. Las necesidades humanas y la naturaleza no pueden ser tratadas como meras mercancí­as. Las patentes de formas de vida deben ser prohibidas por todas las instituciones internacionales y nacionales para proteger la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los derechos de pueblos locales y para evitar el control de grandes multinacionales sobre los recursos genéticos. Se debe renegociar del TRIP (Tratado relativo a la propiedad intelectual) para conseguirlo. La bio-piraterí­a, el robo de conocimiento tradicional, debe ser prohibida por el comercio internacional. Agricultores deben tener el derecho de usar semillas guardadas de cosechas anteriores.

8. El mecanismo de arbitraje de disputas debe ser eliminado de la competencia de la OMC y transferida a un organismo bajo el control de la ONU para evitar que la OMC actue como juez y parte en los conflictos comerciales. La resolución de conflictos comerciales debe ser guiada por los principios de la sostenibilidad ambiental y social.

La FMI y El Banco Mundial deben convertir la deuda de los paí­ses pobres en fondos para la inversión en programas sociales y ambientales. Se debe parar el uso de programas financieros de ajuste estructural para obligar la aceptación de la liberalización del comercio por parte de paí­ses menos desarrollados. Las polí­ticas de las instituciones financieras internacionales deben dar la prioridad al fortalecimiento de economí­as locales y regionales en lugar de fomentar por encima de todo la competencia en el mercado mundial.