Uno de los implicados en las investigaciones en curso sobre violaciones a los derechos humanos es el General Ricardo Brinzoni, que actualmente ocupa el puesto de Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Las leyes argentinas de "punto final" y "obediencia debida", promulgadas en 1986 y 1987 para apaciguar la agitación provocada dentro del ejército por los juicios sobre casos de derechos humanos, impide que los tribunales puedan sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983, cuando gobernaban los militares en Argentina. Las cortes inferiores han recurrido estas leyes y el asunto se encuentra ahora en manos de los nueve magistrados de la Corte Suprema.

Se ha sabido que sólo se habló de estas leyes en una reunión mantenida el mes pasado entre siete magistrados de la Corte y el Obispo Castrense Antonio Juan Baseotto. Según fuentes de la Corte Suprema consultadas por el diario La Nación, Monseñor Baseotto alegó que la ratificación de las leyes de amnistí­a contribuirí­a a la reconciliación nacional. Según esta información, uno de los magistrados, Adolfo Vázquez, aseguró al obispo que la Corte Suprema pronto decretarí­a la constitucionalidad de las leyes, garantizando de este modo la impunidad de los crí­menes contra los derechos humanos.

En su carta al Presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que los comentarios de Vázquez antes del fallo eran "absolutamente inaceptables".

"El caso que tiene ante sí­ la Corte Suprema es de vital importancia y, de hecho, es crucial para el futuro de la democracia argentina", señaló Vivanco. "La Corte debe reafirmar el derecho a la justicia, un derecho consagrado en los tratados sobre derechos humanos ratificados por Argentina y que tienen fuerza legal constitucional en el paí­s".

Los tribunales inferiores han cuestionado repetidamente la validez de las leyes de amnistí­a. En un fallo histórico dictado el 6 de marzo de 2001, el Juez Federal Gabriel Cavallo dictaminó que estas leyes eran inconstitucionales. Otro juez federal emitió una sentencia similar en octubre de ese año. La Corte Federal de Buenos Aires confirmó por unanimidad ambas decisiones, lo que motivó que los ex oficiales acusados de tortura y desapariciones forzadas presentaran un recurso final ante la Corte Suprema.

En agosto de 2002, el Fiscal General Nicolás Becerra recomendó a la Corte Suprema que refrendara la decisión de la Corte Federal.

El 7 de marzo de 2003, el Juez Carlos Skidelsky, encargado de la investigación del asesinato de 22 presos polí­ticos en diciembre de 1976, en Margarita Belén, provincia de Chaco, se convirtió en el tercer juez en decretar la invalidez de estas leyes. Una de las personas que podrí­an ser juzgadas por este crimen es el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Ricardo Brinzoni, que era Secretario General del gobierno provincial de Chaco cuando se produjo la masacre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado reiteradamente que las amnistí­as aplicadas a graves violaciones de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos (PIDCP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituida de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dictó un fallo similar en 2001. Argentina ha ratificado ambos tratados internacionales.