A menos de tres meses de las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la remisión del uso de régimen de incomunicación, el gobierno español no sólo mantiene el mismo en el actual Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el pasado 14 de febrero en Consejo de Ministros, sino que abre la posibilidad de extenderlo hasta un total de 13 dí­as. Amnistí­a Internacional (AI) está seriamente preocupada por este proyecto, tal y como se refleja en el informe que presenta hoy: "España: Acabar con las medidas que propician la tortura.

Motivos de preocupación de Amnistí­a Internacional ante el Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Para AI, la ampliación del periodo de incomunicación propicia abusos como la tortura y los malos tratos, además de contemplarse restricciones severas a los derechos de detenidos y presos a la asistencia letrada y de profesionales de salud de su elección.

Ampliación de la incomunicación.

Las preocupaciones de AI se centran, en primer lugar, en el actual Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone la extensión a un plazo de cinco dí­as adicionales el régimen de incomunicación, al que se le pueden sumar otros tres dí­as si lo decide el juez que instruye el caso. Lo que puede llegar a suponer un total de 13 dí­as para el periodo de incomunicación en los que "el preso no podrá realizar, ni recibir comunicación alguna" (artí­culo 510.3).

En segundo lugar, estas medidas se aplicarán a personas acusadas de "terrorismo", y también a personas involucradas en el más amplio término de "delincuencia organizada". En este sentido se incluyen ciertos términos que pueden dar lugar a interpretaciones y aplicaciones arbitrarias, o disposiciones que menoscaban o restringen derechos en perjuicio de principios básicos establecidos por las normas internacionales.

En tercer lugar, la organización recuerda a las autoridades que el Comité Contra la Tortura habí­a acogido con satisfacción, la disminución del número de reclusos en prisión preventiva. De aplicarse las disposiciones propuestas en el Proyecto de Ley, esta situación podrí­a modificarse sustancialmente y perjudicar las condiciones de reclusión.

Por último, Amnistí­a Internacional constata con preocupación que el actual Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal mantiene la detención incomunicada por un periodo de 5 dí­as, durante los cuales el detenido no tiene acceso a un abogado o a un médico de su elección, así­ como a la posibilidad de notificar a su familia su situación, sin tener en cuenta las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

AI reconoce que el Gobierno español tiene la legitimidad y obligación de tomar las medidas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero también la de garantizar que éstas incluyan salvaguardas para la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas o en prisión.

Antecedentes.

En septiembre de 2002, el gobierno anunció un plan de lucha contra la delincuencia y el terrorismo y puso en marcha cuatro anteproyectos de reformas legislativas, entre ellos el actual Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Amnistí­a Internacional no cree que en España se torture de forma sistemática, pero muestra su preocupación por el número de denuncias de tortura y malos tratos coincidentes con este periodo en los casos estudiados por la organización y otras organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. Denuncias que no necesariamente en todos los casos puede atribuirse a una estrategia de los detenidos para minar la credibilidad moral de las autoridades. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por malos tratos y detenciones ilegales con un componente racista por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.

Recomendaciones de Amnistí­a Internacional.

Amnistí­a Internacional destaca el escaso debate y la falta de atención por parte del gobierno de expresas observaciones y recomendaciones dirigidas recientemente por parte de instancias internacionales como el Comité contra la Tortura (recomendaciones de noviembre de 2002) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este último viene pidiendo a España desde 1996 abstenerse de utilizar la detención en régimen de incomunicación. Por ello, insta a las autoridades y a los Parlamentarios españoles para que en la aprobación del Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de Prisión Provisional, tengan en cuenta las preocupaciones de AI y las organizaciones intergubernamentales antes mencionadas, en relación con el régimen de incomunicación para que los derechos fundamentales reconocidos por normas internacionales no se vean socavados.