El informe " Acuerdos Pesqueros con terceros paí­ses. ¿Se dirige la UE hacia la sostenibilidad?", elaborado por el Instituto Europeo de Polí­tica Ambiental (IEEP) para WWF/Adena, revisa los acuerdos recientemente firmados con Senegal, Angola, Mauritania y Santo Tomé y Prí­ncipe, comparándolos con los acuerdos anteriores con los mismos paí­ses. Una de las conclusiones de este informe es que pese a los planes de la Comisión Europea de cambiar sus Acuerdos de Acceso de Pesca por "Acuerdos de Colaboración ", los convenios firmados actualmente distan mucho de ser ambiental, social y económicamente sostenibles.

Bajo estos Acuerdos de Pesca, la UE paga a los paí­ses receptores de la flota comunitaria una cantidad de dinero, parte de la cual pretende ayudar al paí­s a desarrollar su propia industria y su gestión pesquera. Como contrapartida, el paí­s africano permite a los barcos europeos faenar en sus aguas. El armador paga unos derechos de licencia, pero las cantidades desembolsadas por la UE constituyen una subvención significativa. La UE mantiene acuerdos con veinte paí­ses- en su mayorí­a africanos- a los que paga "compensaciones financieras". Los cuatro acuerdos en vigor revisados por el informe suponen más de 100 millones € a la UE y permiten a unos 500 barcos europeos la pesca en las aguas de estos cuatro paí­ses africanos.

Julie Cator, Coordinadora Europea de Pesquerí­as de WWF/Adena, dijo: "Las ideas de la Comisión Europea para mejorar los Acuerdos de Pesca están llenas de buenas intenciones, pero los Acuerdos que está firmando con paí­ses africanos no las reflejan". Entre otros hallazgos del informe, se pueden destacar los siguientes:

Las cantidades pagadas por la UE a los paí­ses africanos varí­an desde 11.111 € por buque de la UE (a Santo Tomé) hasta 346.774 € en Mauritania.

El valor de las capturas puede exceder desmesuradamente a la cantidad pagada por los armadores. Para los atuneros en Santo Tomé y Prí­ncipe el valor de la captura puede ser 40 veces mayor que las tasas de acceso.

El porcentaje de fondos de la UE pagados en concepto de derechos de acceso destinados al desarrollo de la industria y gestión pesquera varí­a entre 19 y 41%.

En los cuatro acuerdos africanos analizados, sólo habí­a dos con lí­mite de captura: para el atún en Santo Tomé y el langostino en Angola.

Para Raúl Garcí­a, responsable de pesquerí­as de WWF/Adena: "pese a cierta mejora en los acuerdos recientemente firmados, cuestionamos que en su estado actual se acerquen a la idea de sostenibilidad. Si bien la flota comunitaria no constituye todo el problema de sobreexplotación en esta región, sí­ son parte de él. La UE no puede seguir aprovechándose de la debilidad polí­tica y de las necesidades económicas de estos paí­ses. Elementos como la realización de estudios de impacto socio-ambiental previos a la firma de nuevos acuerdos ó planes de gestión plurianuales se deben imponer a partir de ahora". En diciembre del 2002 la UE publicó, en el marco de la reforma de la Polí­tica Común de Pesca, sus propuestas para que en estos Acuerdos de Colaboración "se refuercen las condiciones para conseguir pesquerí­as sostenibles en las aguas de los paí­ses socios".