A dos dí­as del 8 de marzo, Dí­a Internacional de la Mujer, Amnistí­a Internacional (AI) lanza el Informe "Protección efectiva, ¡ya! Análisis de las reformas legislativas propuestas por el Gobierno español sobre violencia contra las mujeres". La organización denuncia la escasa voluntad polí­tica del Gobierno español en la protección de los derechos humanos de las mujeres frente la violencia de género, y observa con preocupación la adopción de medidas parciales alejadas de un planteamiento integral. Igualmente, advierte que dichas medidas han sido impulsadas sin reconocer como interlocutoras a las asociaciones de mujeres y organizaciones de colectivos especialmente desprotegidos.

Análisis de las medidas legislativas propuestas por el Gobierno español
Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar

Se ha optado por la elevación de las penas sin atender al problema sustancial de la impunidad que rodea a los actos de violencia contra las mujeres y la falta de protección efectiva y de reparación a las ví­ctimas. AI llama la atención sobre la obligación del Estado español de incrementar la protección de los derechos humanos de las mujeres e investigar con la debida diligencia las denuncias de actos que constituyen violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Al respecto, la organización recuerda a las autoridades españolas que desde instancias internacionales, y más concretamente aquellas de ámbito europeo, se ha instado a los Estados a considerar la violencia de género como un problema estructural que requiere un tratamiento integral.

La organización también advierte una discrepancia entre los mensajes lanzados a los medios de comunicación y las propuestas efectivamente impulsadas. En este sentido, el 5 de febrero de 2003, el Ministro de Justicia anunció la "adopción de medidas de protección inmediata" para las ví­ctimas de violencia de género e incluyó en sus declaraciones que este tipo de medidas "se incluirán en la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que junto con la del Código Penal deben servir para atajar la delincuencia". Es de lamentar sin embargo que el "alejamiento del agresor" como medida cautelar en espera de juicio, no ha haya sido incluida por el Gobierno en el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional (aprobada en Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2003).

Violencia de género contra mujeres inmigrantes y extranjeras

Amnistí­a Internacional deplora que el Gobierno español no haya dado los pasos necesarios para eliminar todas aquellas disposiciones discriminatorias y contrarias a los derechos humanos que impiden a las mujeres inmigrantes indocumentadas, ví­ctimas de violencia de género, el acceso a la asistencia letrada gratuita y a la red de protección pública. La organización insta a las autoridades españolas a afirmar que la protección y atención para ví­ctimas de violencia de género son prestaciones básicas que deben garantizarse a todas las mujeres, con independencia de su situación legal.

Asimismo, AI pide que se revisen las disposiciones sobre "reagrupación familiar", a fin de que las mujeres inmigrantes ví­ctimas de violencia de género, no se vean obligadas a convivir con sus agresores para obtener el permiso de residencia.

La organización insta una vez más a las autoridades españolas a que se reconozca la persecución por género como motivo para acceder al procedimiento de asilo, y de ser el caso, obtener la condición de refugiada.

Mutilación Genital Femenina (MGF)

Amnistí­a Internacional, aunque aprecia la tipificación especí­fica de la MGF en el Código Penal, lamenta que el gobierno español no esté trabajando con un enfoque estratégico integral tal y como recomiendan las instancias internacionales. Esto incluye mecanismos preventivos y sociales acompañados de programas educativos así­ como la valoración y recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales relevantes, entre ellas, la asociaciones de mujeres africanas en España.

Tráfico de personas con fines sexuales

AI acoge con satisfacción la promulgación de legislación especí­fica que sancione la esclavitud y el tráfico de personas con fines sexuales. Sin embargo, recuerda al Gobierno español que uno de los pilares sobre los que se asientan las disposiciones internacionales sobre tráfico de mujeres para fines sexuales es la consideración de las mismas como ví­ctimas y no como infractoras. Por lo tanto el Estado debe brindar apoyo integral a estas mujeres para conseguir su no-estigmatización y su integración social.

Amnistí­a Internacional confí­a en que las recomendaciones que figuran en el informe sean tenidas en cuenta y permitan al Gobierno español adecuarse a los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.