UGT defiende que las pensiones participen de la riqueza creada en igual medida que otras rentas, y con mayor intensidad las pensiones mí­nimas, porque hay recursos más que suficientes para ello, sin poner en peligro nuestro Sistema público; mejor trato a los prejubilados, disminuyendo los coeficientes reductores con carácter general, y una polí­tica que apueste por mayor protección social a la vejez, porque nuestro gasto en pensiones y servicios sociales por habitante supone tan sólo el 59% de la media europea y el nivel de vida de los pensionistas está sufriendo un claro retroceso en relación con la renta media de la población. El sindicato recuerda que los únicos, pero insuficientes, avances para mejorar las pensiones se deben a la iniciativa sindical.

Gracias a ella se consiguió, con el apoyo de UGT, la mayor subida de las pensiones mí­nimas, 2,4 puntos por encima de la inflación. Asimismo, el sindicato alerta sobre la propuesta de considerar toda la vida laboral para calcular las pensiones, pues además de suponer una rebaja de la cuantí­a de las mismas, favorecerí­a a los fondos privados de pensiones, en lí­nea con la polí­tica neoliberal que practica este Gobierno.

Los jubilados españoles son de los más desprotegidos de la Unión Europea y desde la llegada del PP al Gobierno la situación lejos de mejorar ha ido a peor. Esta realidad es consecuencia de la polí­tica económica que practica el Gobierno: insiste en empequeñecer la protección social; favorecer al sector privado, a costa de servicios públicos esenciales; e instaurar una polí­tica fiscal que beneficia a los que más tienen.

Los datos no mienten. Desde 1996 la parte de la riqueza nacional que se destina a protección social se reduce en casi dos billones y medio de las antiguas pesetas, lo que nos distancia aún más de la Europa social (7,6 puntos del PIB, la mayor distancia desde 1980). Así­, España es el paí­s de la UE con menor gasto social por habitante y nuestro gasto en pensiones y servicios sociales por habitante supone tan sólo el 59% de la media europea.

Gasto en prestaciones de Vejez (pensiones más servicios sociales) por habitante de 65 o más años. En paridad de poder de compra. UE-15=100

La mejora, aunque insuficiente, de las pensiones ha sido gracias a la presión sindical. Pero, lejos de los alardes propagandí­sticos del Gobierno en esta materia, lo cierto es que el bienestar de los pensionistas ha sufrido un claro retroceso en relación con la renta media del paí­s y persisten amplios colectivos de pensionistas en una situación de enorme precariedad (muy especialmente mujeres de edad avanzada con pensiones mí­nimas de viudedad y los perceptores de pensiones mí­nimas de carácter asistencial o no contributivo).

Mejorar las pensiones, sobre todo las más bajas, las de carácter no contributivo, no sólo es posible (financiándolo a través de recursos fiscales y sin poner en riesgo el futuro del Sistema de Seguridad Social), sino una obligación moral. Como es una obligación moral mejorar la situación de los prejubilados, expulsados en su gran mayorí­a del mercado de trabajo y condenados a percibir una pensión mí­nima. Jubilarse anticipadamente es un buen negocio para la Seguridad Social pero no para el trabajador. El mismo Gobierno reconoce que la reducción entre el 8% y el 6% de la pensión por cada año de anticipación es más alta que lo que actuarialmente representa el punto de neutralidad, de forma que la jubilación anticipada resulta gravosa para el trabajador y ventajosa para el sistema de pensiones.

A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los pensionistas no se han beneficiado, como debieran, de la mejora del nivel de renta del conjunto de la población. En el perí­odo 1996-2002 la mejora real para las pensiones mí­nimas ha sido tan sólo del 3,6% y para el conjunto del sistema del 1,9% (la mejora de las pensiones mí­nimas se produce fundamentalmente en el año 2000- una subida por encima de la inflación de 2,4 puntos- fruto del acuerdo en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones de 1996, que fue ratificado por UGT, con Comisiones Obreras y el Gobierno).

Así­, en 2002, el 71% de los pensionistas tení­an una pensión por debajo de 600 euros al mes y más de la mitad, el 54,2% , o lo que es lo mismo 4.146.600 personas mayores, una pensión por debajo de los 450 euros. Es inaceptable que millones de pensionistas tengan que vivir con pensiones de 268, 300 ó 400 euros al mes.

La causa de que la cuantí­a de las pensiones mí­nimas sea tan mí­nima es porque se calcula en función del Salario Mí­nimo Interprofesional (nuestro SMI supone tan sólo el 37% del salario medio, es decir 23 puntos por debajo del nivel que la Carta Social Europea considera digno y en los últimos tres años ha perdido 4,5 puntos de poder adquisitivo, como consecuencia del incumplimiento reiterado del Estatuto de los Trabajadores por parte del Gobierno). Para adecuar el nivel de vida de los pensionistas a la del conjunto de la población es preciso utilizar un nuevo criterio, un determinado porcentaje de la renta media. Tampoco tiene sentido que las cuantí­as de las pensiones mí­nimas varí­en en función de la edad del beneficiario (si tiene más o menos de 65 años), o que el tener cónyuge a cargo sólo se complemente con 71 o 65 euros más al mes.

Por otro lado, la renuncia del Gobierno a mejorar las pensiones mí­nimas, especialmente aquellas más bajas como son las de viudedad y las pensiones de carácter asistencial o no contributivo (de las que un 75% de sus perceptores son mujeres), alimenta iniciativas en el ámbito autonómico, lo que supone una evidente desigualdad entre los pensionistas según la Comunidad donde residan.

Además, el Gobierno por un lado escatima recursos para mejorar las pensiones de menor cuantí­a y, por otro, utiliza el dinero de la Seguridad Social para mejorar su imagen. De esta manera, con cargo a cotizaciones de trabajadores y empresarios, destina 7.211.314 euros (1200 millones de pesetas) a la campaña informativa de revalorización de las pensiones de 2003, una obligación que marca la Ley. Con este dinero se podrí­an haber incrementado las pensiones mí­nimas un 33% más.

Tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, tal como pretende el Gobierno, es apostar por los fondos privados de pensiones en detrimento del sistema público. Frente a esta polí­tica UGT reclama que: todas las pensiones mí­nimas, individualmente consideradas, alcancen de manera progresiva un importe equivalente a 450 euros al mes (tendrí­an que tener un importe mayor las que tienen cónyuge a cargo), que se incrementen todas las pensiones de viudedad (especialmente las más bajas y que carezcan de otras rentas), y se reconozcan estas pensiones para las uniones de hecho. Asimismo defiende el establecimiento de un complemento de pensión para pensionistas con discapacidad que necesiten los cuidados de una tercera persona y no tenga acceso a servicios sociales de atención; y el reconocimiento de periodos dedicados al cuidado de ascendientes o descendientes con discapacidad como cotizados, a efectos de los derechos futuros en pensiones de la Seguridad Social.

UGT considera que, al igual que se bonifica la contratación y permanencia de un trabajador de edad superior a 65 años, es razonable que se penalice el despido, o el coste del mismo, de los trabajadores expulsados del mercado de trabajo, en contra de su voluntad antes de los 65 años (con 50 años o más). Además, se debe reconocer y proteger la prejubilación, tanto si proviene de un despido colectivo como de un despido individual (la gran mayorí­a, se suelen producir en pequeñas empresas y la empresa no asume compromiso alguno en orden a mejorar las cotizaciones para la pensión de jubilación); rebajar, con carácter general, los coeficientes reductores por anticipación de la edad de jubilación; y aplicar a las jubilaciones anticipadas, por causas ajenas a la voluntad del trabajador (incluso a las que se han producido conforme a la legislación anterior) los coeficientes reductores aprobados por la Ley 16/2001, de jubilación gradual y flexible. Es decir, en lí­neas generales, desarrollar una polí­tica más justa con los prejubilados.