En fecha 4 de diciembre de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2003, al que, dentro del perí­odo de información pública, la Federación de Asociaciones de Vecinos formuló reclamación por entender que vulnera el artí­culo 276.2 del texto refundido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.

En efecto, mediante una doble operación en las partidas presupuestarias de enajenación de patrimonio de suelo en la cuantí­a de 29.680.000 euros, y de inversión en el mismo patrimonio de 5.000.000, se enmascaró una ilegal disminución en bienes del mencionado patrimonio por un importe neto de 24.680.000 euros.

No obstante la reclamación de la Federación, el Ayuntamiento continuó la tramitación del Presupuesto General para el año 2003, que fue aprobado definitivamente sin modificar la pérdida patrimonial detectada, razón por la que la Junta Directiva de la Federación interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

A la vez, solicitó de la Sala la suspensión cautelar de la vigencia del Presupuesto General, petición desestimada mediante auto de fecha 27 de febrero pasado.

No obstante, en fecha 7 de marzo, una vez oí­do el Ayuntamiento, la Sala ha suspendido la vigencia del Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2003 en 24.680.000 euros, imponiendo las costas del procedimiento al Ayuntamiento de Valladolid.

La Federación de Asociaciones de Vecinos denuncia al Ayuntamiento de Valladolid por:

1. Dilapidar los bienes patrimoniales de suelo al aplicarlos a fines distintos de los previstos por la Ley, que obliga a invertirlos en moderar la especulación y hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna, a precio asequible, a cuyo servicio se encuentra afectado legalmente el Patrimonio Municipal de Suelo.

2. Aprobar un Presupuesto General con un desfase de 24.680.000 euros, con manifiesta insuficiencia de los ingresos en relación a los gastos, déficit expresamente prohibido por el artí­culo 146.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. Dictar a sabiendas, una vez más, resoluciones injustas e ilegales, amparándose en la lentitud de los procedimientos judiciales, que terminan haciendo ineficaces en el tiempo las muy justas reclamaciones del vecindario.