España, único paí­s de la UE que cuenta con cultivos comerciales de transgénicos en su territorio, lleva desde 1998 autorizando el cultivo de una variedad de maí­z modificado genéticamente (MG) para consumo animal y humano. La Administración tiene intención de incluir en el Registro cinco nuevas variedades de maí­z con genes ya aprobados a nivel Europeo.

Este anuncio lo realizó el Ministerio de Agricultura al término de la feria Biospain, organizada por la Asociación Española de Bioempresas (El grupo de presión que agrupa los intereses polí­ticos y económicos en materia de biotecnologí­a y transgénicos) y en cuyo Comité de Honor se encuentran varios miembros del Gobierno, entre ellos José Marí­a Aznar y el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete.

Esta nueva inclusión de variedades no está relacionada con la moratoria Europea de facto sobre nuevas aprobaciones de transgénicos, a pesar de lo que se ha venido sugiriendo. Ésta sólo podrí­a quedar anulada por una decisión Europea y ningún estado miembro podrí­a romperla unilateralmente. Existen precedentes de paí­ses que han incluido alguna variedad transgénica en su Registro de Variedades después de la entrada en vigor de la moratoria, pero siempre con variedades autorizadas por la Comisión Europea previamente. Este es el caso de Francia con maí­ces del tipo Bt 176. Por otra parte, la inclusión de variedades en el Registro es una práctica común para cualquier cultivo que se pretenda aprobar en España, no sólo para los transgénicos.

\"Sin embargo, esta decisión se toma en un momento en que están cada vez más en entredicho estos cultivos a nivel mundial. La inclusión de estas variedades en el Registro por parte del Ministerio de Agricultura no tiene en cuenta conceptos tan básicos como el principio de precaución y se lleva a cabo a contracorriente de las decisiones polí­ticas del conjunto de estados de la UE\", declara Juan-Felipe Carrasco, responsable de la Campaña de Ingenierí­a Genética de Greenpeace.

El proceso de aprobación de estas variedades a nivel Europeo fue inadecuado por carecer de un plan de seguimiento y control de los cultivos y de registros públicos, entre otros. Los genes incorporados en dichas variedades fueron aprobados en la UE por una directiva antigua que ya no está en vigor. Ésta carecí­a de los instrumentos polí­ticos y técnicos de control, motivo por el cual un grupo de paí­ses de la UE instauró una moratoria de facto. Con ella evitaron cualquier intento de aprobación de nuevas variedades mientras no hubiera una marco legislativo completo en la UE que incluyera una nueva directiva para el cultivo, una normativa de etiquetado y trazabilidad, así­ como legislación sobre responsabilidad ambiental y sobre daños económicos de los transgénicos.

Dicho marco legislativo no existe todaví­a. Si bien la UE ha aprobado una directiva que sustituye a la anterior, ésta no ha sido aún traspuesta a legislación española y no se han puesto en marcha los instrumentos necesarios para poder controlar estos cultivos. En cuanto a la nueva legislación europea en materia de etiquetado, está aún en proceso de aprobación, a mucho tiempo de ofrecer garantí­as a los consumidores españoles. Además no se ha diseñado normativa alguna para abordar el grave asunto de las contaminaciones genéticas y la responsabilidad corporativa derivada de éstas. Los paí­ses que apoyan la moratoria afirman que ésta no se levantará hasta que no se cumplan todas estas condiciones.

Precisamente en estos momentos, en la Reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europa, se está debatiendo el asunto de la coexistencia. Tras haber sido publicado hace unos meses un informe de la propia Comisión Europea en el cual se reconocí­a las enormes implicaciones económicas de la coexistencia entre agricultura transgénica y convencional para los agricultores y productores ecológicos y convencionales, el debate ha forzado a las altas instancias polí­ticas de la UE a tratar el tema en profundidad.

Ayer Greenpeace, Amigos de la Tierra y otras organizaciones Europea, desvelaban en rueda de prensa las intenciones de la Comisión de establecer una legislación especí­fica en materia de coexistencia entre cultivos. Mañana, el Comisario de Agricultura Fishler presentará una Comunicación al respecto ante el Colegio de Comisarios de la UE.

En un contexto en el cual son cada dí­a más evidentes los riesgos sanitarios a largo plazo, los riesgos medio ambientales y las implicaciones socioeconómicas de los organismos modificados genéticamente, la inmensa mayorí­a de los ciudadanos europeos no desea consumir transgénicos. \"Está cada dí­a más claro que la polí­tica del Gobierno español en materia de biotecnologí­a está en manos de determinadas empresas, las cuales utilizan su influencia polí­tica y económica para forzar a la administración española a tomar decisiones que no protegen la salud de los ciudadanos y que afectan gravemente al medio ambiente y a los derechos humanos\", añade Juan-Felipe Carrasco.