MSF ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra un colectivo de un centenar de personas extranjeras en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además de las precarias condiciones en las que están, también parecen haberse producido diversas irregularidades en sus solicitudes de asilo y en sus procesos de expulsión.

Desde hace varias semanas este colectivo se ha visto obligado a alojarse en condiciones extremadamente precarias en un campamento improvisado en los bosques cercanos al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).

Estos emplazamientos, junto al recientemente desalojado en las naves abandonadas del barrio del Sardinero, no reúnen las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades básicas de estas personas. A pesar de los esfuerzos de las entidades que proporcionan asistencia humanitaria a este colectivo, existe un alto riesgo de deterioro de su salud y una posible proliferación de enfermedades derivadas de situaciones de insalubridad y hacinamiento. Estas personas llevan, en algunos casos, varios meses sin que se hayan adoptado las medidas administrativas necesarias por parte de las autoridades para hacer frente a esta situación.

La falta de cobertura de sus necesidades básicas y el bloqueo dentro de los lí­mites geográficos de Ceuta deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad y abandono prolongados que atenta contra su dignidad y condición como seres humanos. Es imprescindible la mejora de las condiciones de acogida temporal de estas personas.

Un número significativo de estas personas nos ha trasmitido que ha sufrido una serie de irregularidades en relación con su derecho a solicitar asilo o en el proceso de tramitación de los expedientes de expulsión que se han iniciado contra ellos. Ha habido casos en los que los solicitantes de asilo no han tenido acceso a un intérprete con el que se pudieran entender de forma adecuada; en otros casos, no han tenido una asistencia letrada apropiada durante la entrevista inicial o en el momento en el que recibieron la resolución de inadmisión. El 70% de los solicitantes de asilo con los que hemos contactado han sufrido este problema. La ley reconoce expresamente el derecho de los solicitantes de asilo a abogado e intérprete en todas las fases del proceso. Ambos derechos son esenciales para que se den las garantí­as de un proceso justo y satisfactorio, único medio para identificar adecuadamente a quienes huyen de violaciones de derechos humanos y tienen derecho a la protección internacional.