UGT valora de forma positiva el dictamen del Consejo Económico Social (CES) sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la medida en que recomienda al Gobierno cumplir con los requisitos del Pacto de Toledo y separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social "en el menor plazo de tiempo posible", y no en los doce años establecidos en el Acuerdo de Pensiones de abril 2001, que UGT no firmó.

UGT valora positivamente el dictamen del Anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que el Consejo Económico y Social emitió en su Pleno ordinario del pasado 19 de febrero en la medida en que recomienda al Gobierno cumplir los requisitos del Pacto de Toledo e insta a la separación, "en el menor plazo de tiempo posible", de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, conforme a la recomendación del Pacto de Toledo. Este aspecto fue uno de los motivos por los que UGT no firmó el Acuerdo de abril de 2001, que establecí­a un periodo de doce años para realizar este proceso.

Este largo plazo para financiar los complementos de mí­nimos representa un perjuicio en la medida en que durante tres cuatrienios se seguirán trasvasando fondos de la Seguridad Social hacia el Estado, en detrimento de la mejora de las pensiones y del Fondo de Reserva (garantí­a de mantenimiento del sistema público de pensiones).

Por otra parte, el CES también recomienda que los excedentes de la Seguridad Social se destinen prioritariamente a la dotación del Fondo. Esto permitirí­a que en los próximos ejercicios incrementarlo muy por encima del lí­mite decidido en el Acuerdo de abril de 2001 (1 billón de pesetas), lí­mite que ha sido ampliamente rechazado por UGT y por la Comisión Europea, entre otros organismos.

Para UGT también es positiva la recomendación del CES de crear un Comité General, con la participación de los interlocutores sociales (una composición similar a los Consejos Generales de las entidades gestoras del sistema de Seguridad Social) y con competencias de información, seguimiento y propuesta. Este órgano sustituirí­a a las tres comisiones previstas en el Anteproyecto de Ley, que limitan la participación de los agentes sociales a una sola comisión, con un papel menor e irrelevante.