El 20 de febrero, un juez de la Audiencia Nacional ordenó el cierre cautelar del diario vasco Euskaldunon Egunkaria (el único periódico escrito enteramente en euskera) y la detención de 10 personas relacionadas con él. Entre los detenidos se encuentran el sacerdote jesuita Txema Auzmendi y uno de los directores del diario, Peio Zubiria, quien, según los informes, anteayer protagonizó un intento de suicidio. Todos los detenidos fueron puestos en régimen de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista y llevados a la Audiencia Nacional, en Madrid.

El juez justificó el cierre y las detenciones en una nota en la que manifestaba que la empresa que publica Egunkaria fue creada y está financiada y dirigida por el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Al periódico, fundado en 1990, se lo acusa de contribuir a una estructura de información en euskera que facilita la difusión de la ideologí­a "terrorista". Sin embargo, hasta el momento no se ha dejado clara la base concreta de la decisión judicial.

El gobierno vasco, que, según los informes, ha subvencionado a Egunkaria durante varios años, ha pedido que se aclare urgentemente la base del cierre y de las detenciones. En una declaración independiente, la Compañí­a de Jesús ha expresado su preocupación por la detención del padre Auzmendi, "públicamente reconocido por su clara postura en contra de la violencia y en defensa de todos los marginados".

El cierre cautelar de Egunkaria vino precedido por el caso, no relacionado con éste, del cierre del diario vasco Egin por un juez de la Audiencia Nacional en 1998. Egin era sospechoso de publicar mensajes codificados de ETA y de "ser un instrumento del terrorismo". La orden de cierre se levantó un año después, pero aún no se ha celebrado el juicio al respecto.

Amnistí­a Internacional, que hace tan sólo 10 dí­as expresó una vez más su condena sin reservas a los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA, reconoce que el poder judicial tiene la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas y necesarias para proteger la vida y la integridad.

"No obstante", ha advertido la organización, "un acto tan grave como el cierre de un periódico y la detención de quienes participan en su producción tiene consecuencias claramente perjudiciales para el derecho fundamental a la libertad de expresión. Por ello, es imperativo que la investigación judicial que se lleve a cabo al respecto sea inmediata y exhaustiva".