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UGT presenta una petición al Senado para recuperar la calidad del empleo.
Recibida de UGT-Confederal el 24-02-2003 a las 02:02

El sindicato quiere impulsar el diálogo social sobre condiciones de trabajo para reducir la temporalidady la siniestralidad.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha presentado hoy en el Senado una petición para introducir un amplio debate parlamentario sobre la actual situación del mercado de trabajo. Por este motivo, el sindicato solicita al Senado que aborde el debate de estas cuestiones y traslade sus conclusiones a los agentes sociales para que, desde el diálogo social, se dé respuesta a la alta tasa de temporalidad y siniestralidad laboral de España. El objetivo del sindicato, al igual que con la Iniciativa Legislativa Popular que frenó el partido del Gobierno en el Congreso, es recuperar la calidad del empleo, reducir el número de contratos temporales y de accidentes del mercado de trabajo.

UGT quiere de esta forma que se impulse, mediante el diálogo social, la adopción de medidas legislativas y administrativas dirigidas a pririorizar los contratos indefinidos (ceñir los contratos temporales a necesidades objetivas de producción, eliminar sus ventajas económicas y establecer lí­mites de tiempo), regular el trabajo a tiempo parcial (compatibilizar la flexibilidad de las empresas con la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores) y reducir la siniestralidad, teniendo en cuenta la relación que existe entre accidentes laborales, contratación temporal y duración de jornada, fundamentalmente en actividades con una especial peligrosidad.

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha presentado hoy en el Senado una "˜petición"™ para abrir un debate parlamentario sobre el mercado de trabajo que aliente el diálogo social para diseñar un "Plan Integral contra la temporalidad injustificada y la siniestralidad laboral". Dicho debate, que además deberí­a abordar otros problemas asociados a la precariedad laboral, como son formación, vivienda, emancipación, exclusión social, discriminación y desprotección social, entre otros. deberí­a servir para adoptar medidas legislativas y administrativas que respondan a estas cuestiones, que constituyen una las principales demandas y preocupaciones de la sociedad española.

El número de contratos temporales en España rebasa ampliamente la media comunitaria, alcanzando el 31% de los trabajadores asalariados. La propia Administración reconoce ya el abuso y uso inadecuado de este tipo de contratación y las continuas prácticas de rotación en el empleo a través de la sucesión continua de contratos temporales.

Los efectos de una elevada temporalidad son negativos a todos los niveles. Para la economí­a porque se utiliza el empleo como un elemento de ajuste empresarial, lo que amplí­a los ciclos recesivos, porque la incertidumbre de más de 4 millones de trabajadores debilitan la consolidación del consumo, desincentiva la inversión en formación y desmotiva al trabajador. En el plano social, porque se ha demostrado la relación entre temporalidad y mayor siniestralidad, se hace más difí­cil el acceso a pensiones por las continuas entradas y salidas del mercado de trabajo, así­ como el acceso a la vivienda. En el plano de los recursos públicos porque se reduce la financiación de la Seguridad Social y de los ingresos públicos y se incrementa el gasto social.

UGT recuerda que los agentes sociales realizaron un esfuerzo relevante con el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo de 1997, que tuvo un gran éxito en el fomento de la contratación indefinida, pero dejó pendiente de desarrollar medidas eficaces para combatir la temporalidad. Por este motivo, el sindicato solicita al Senado que aborde el debate de estas cuestiones y traslade las conclusiones del mismo a los agentes sociales para que, desde el diálogo social, se den respuesta a los insoportables í­ndices de precariedad y siniestralidad laboral de nuestro mercado de trabajo y a la ausente voluntad polí­tica del Gobierno para resolver el problema, ya que ni adecua nuestra legislación a las directivas comunitarias sobre tiempo parcial y contratos de duración determinada; ni introduce mecanismos eficaces frente a los incumplimientos empresariales de la normativa sobre contratación y salud laboral.

El sindicato, a través de esta petición, pretende recuperar la calidad en el empleo porque es un elemento determinante del avance social. Además, la mejora de la calidad de vida y del bienestar de los ciudadanos españoles es un elemento favorecedor de la competitividad de las empresas, de su productividad y del crecimiento del sistema económico. Para ello es preciso:

– Dar prioridad a la contratación indefinida: ceñir la contratación temporal sólo a las necesidades objetivas de producción, eliminar la situación económicamente ventajosa que ofrece frente a la contratación indefinida y establecer lí­mites de tiempo, superados los cuales el contrato temporal se convierta en indefinido.

– Compatibilizar la necesidad de flexibilidad que tienen las empresas en la organización del trabajo con las garantí­as necesarias para un adecuado desarrollo del individuo y, por tanto, de su vida personal y familiar, de manera que redunde en una mejora importante de calidad en el empleo, especialmente femenino.

– Corregir la siniestralidad laboral en general. En actividades de especial peligrosidad es necesario tomar medidas que permitan reducir la siniestralidad laboral. Una de las medidas es la reducción del tiempo de trabajo que suponga, más allá de las imprescindibles medidas de prevención, una menor exposición a los riesgos para la salud en dichos sectores.

– Establecer medidas para reforzar y extender la responsabilidad del empresario, en materia de subcontratación, sobre todo tipo de obligaciones, independientemente de su naturaleza, con el fin de evitar que eludan sus compromisos relegando los derechos laborales. A este respecto es preciso también, atajar la cesión ilegal de mano de obra que se produce como consecuencia de los cambios en los sistemas de organización del trabajo y en el caso de transmisión de empresas, garantizar las condiciones de trabajo anteriores a la transmisión.




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