La Secretarí­a Confederal de Migraciones de CC.OO. considera que faltan muchos detalles por aclarar en el caso del incendio de la comisarí­a de Málaga donde perdieron la vida siete inmigrantes, por lo que manifiesta su desacuerdo con la decisión del juez del Juzgado de Instrucción de ésta localidad, de archivar el caso. Al mismo tiempo critica la pasividad del embajador marroquí­ que no ha dudado en solicitar la devolución de los menores marroquí­es a sabiendas de que no gozan de ninguna garantí­a que les protege.

CC.OO. considera que desde el primer momento no hubo voluntad real por parte de las administraciones gubernativas para esclarecer los hechos, que el comisario jefe de Málaga haya conocido el auto antes que las partes personadas en el mismo y, que el juez no haya practicado ninguna de las 15 pruebas solicitadas por Andalucí­a Acoge, entre las que figuran algunas tan obvias como tomar declaración a los bomberos que participaron en la extinción del incendio, solicitar a la Dirección General de Industria el plan de evacuación de los calabozos o, comprobar ante las administraciones pertinentes si se habí­an cumplido las revisiones de los sistemas antiincendios.

CC.OO. coincide con SOS Racismo que la no realización de las investigaciones oportunas y no esclarecer responsabilidades pone de manifiesto una vez más la indefensión de los inmigrantes en España y que la justicia tiene dos varas de medir. Igualmente sostiene que el juez antes de archivar el caso debe escuchar a los supervivientes que aunque han sido expulsados, están localizados por las organizaciones de apoyo y los medios de comunicación, para aportar mas detalles que contribuyan al esclarecimiento del desgraciado incendio.

CC.OO. apoya la acción de los abogados de Málaga Acoge de recurrir el archivo del caso ante la Audiencia Provincial de Málaga, y manifiesta no entender la pasividad de las autoridades diplomáticas y consulares marroquí­es, cuando hace apenas una semana no han dudado en pedir la devolución de los menores marroquí­es sin presentar ninguna plan concreto ni ninguna garantí­a que salvaguarde los derechos de esos menores.