La nueva ley de propiedad intelectual está siendo en principio conocida por fomentar la competencia y el control en las entidades de gestión, lo cual
es positivo. No obstante las entidades de gestión están llamando la atención para que el proyecto se oriente en sentido opuesto.

El proyecto les asigna más competencias y ventajas, rincipalmente a editores en perjuicio de autores y consumidores, o simplemente usuarios, pues no siempre la propiedad intelectual, y la cultura, son productos mercantiles.

También está siendo conocida por prohibir tecnologí­as que puedan servir para burlar sistemas de protección, y las consecuencias de estas legislaciones. Sin ir más lejos, el parlamento finés devolvió recientemente la ley nacional de propiedad intelectual al ministro que redactó el borrador originalmente al incluir artí­culos parecidos, al considerar que atentaban libertades básicas de los ciudadanos.

CPSR-ES consideraba necesario, antes de comenzar la creación del borrador de la nueva ley de propiedad intelecutal un replanteamiento de las normas que rigen la propiedad intelectual, y como estas afectan a los individuos.

Actualmente se está criminalizando a los ciudadanos basándose en normas que nacieron como regulaciones industriales que tení­an sentido para una época pero que ahora resultan no funcionales en la sociedad de la información.

Esta ley afecta directamente a todos los individuos, no obstante para su redacción solo se está teniendo en cuenta a autores, editores y entidades de gestión para su consulta. No se ha contactado con organizaciones de consumidores, asociaciones pro derechos civiles y otros tantos grupos significativos.

Un amplio análisis sobre esta ley, junto con propuestas y valoraciones, puede ser localizado en:

http://spain.cpsr.org/docs/lpi.html

A continuación les ofrecemos un resumen de nuestras valoraciones, para más información recomendamos el documento completo:

1.- Se prohibe la utilización de internet por parte de los autores sin necesidad de intermediarios considerándola comunicación pública.

2.- Toda creación de cultura es tratada como producto mercantil, la ley no tienen en cuenta distribuciones y producciones de conocimiento de forma alternativa y sin fines comerciales.

3.- Las entidades de gestión tienen poder para fiscalizar no solo a distribuidores sino también a vendedores e incluso consumidores. Llegamos
a la conclusión de que es relativamente sencillo crear una organización con capacidad para exigir a numerosas empresas diversos datos financieros.

4.- Los editores tienen unas ventajas sobre los derechos de remuneración ya que aunque para los autores sean irrenunciables e intrasferibles por ley de hecho se transfieren a los editores.

5. Se prohiben tecnologí­as que puedan servir para burlar sistemas de protección, es una medida que limita injustificadamente la libertad de expresión, pone frenos a la investigación cientí­fica en matemáticas o informática y atenta al derecho del uso lí­cito de los contenidos
digitales.