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Argentina: los Chubutenses exigimos plebiscito popular vinculante, para decidir explotación de ORO Y ALCA.
Recibida de Lamgen el 18-02-2003 a las 01:02

Las venas abiertas de la Cordillera de los Andes: No al atropello minero. Si el publo no decide que es conveniente para lograr su mejor calidad de vida, la democracia en una patraña.

Los pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica (los municipios vecinos al Paralelo 42 entre las provincias de Rí­o Negro y Chubut) y especialmente de Esquel, han logrado alertar a la opinión pública nacional e internacional acerca las devastadoras caracterí­sticas de los mega-proyectos mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera. Esa movilización social, por otra parte, también ha puesto en evidencia la sorprendente distancia material y mental que todaví­a existe en nuestro paí­s con respecto a sus recursos y la ignorancia "“tanto la que de alguna manera fuera justificable como la que es deliberadamente fabricada- con respecto a procesos productivos o extractivos en gran escala.

Con gran parte de la población concentrada en las ciudades no llama la atención que las decisiones estratégicas de esos procesos sean empujados hacia lo que el historiador francés Fernand Braudel llamaba las exclusivas \"zonas de opacidad\". Se referí­a al espa! cio donde, escribí­a, \"merodean los grades depredadores\" y se realizan las grandes ganancias, identificándolo como el \"anti-mercado\". ¿Por qué esta referencia?. La mayorí­a de los \"tratados\" internacionales actuales son negociados prácticamente a puertas cerradas. Uno de los caso más notorios es el controvertido y gigantesco \"Acuerdo Multilateral de Inversiones\"(AMI), suscripto en 1996 por algunos funcionarios argentinos en el nombre de todos y publicitado como \"la nueva constitución mundial\", nada menos, que cayó bajo la mesa durante el encuentro de la Organización Mundial de Comercio de 1999 en Seattle gracias al naciente movimiento anti-globalización.

Pero el lugar del AMI fue rápidamente ocupado por otra serie de medidas de protección a las ganancias, como el Acuerdo General de Comercio de Servicios. La naturaleza y toda actividad humana se someten así­ a las relaciones de poder y a las reglas de comercio existentes. Estos \"tratados\", a su vez, son los que nutren las estrat! egias regionales como el ALCA. ¿Pero por qué tanto manejo tecnocrático? ¿Será porque los textos y la letra chica son complicados o difí­ciles de interpretar? De ninguna manera. Son sustraí­dos a la vista de la sociedad PORQUE generan desempleo, devastación ambiental, \"efectos colaterales\" y externalidades materiales y culturales incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos, pactos internacionales preexistentes y porque solo sirven para concentrar más aún la riqueza en pocas manos.

Son impulsados por quienes tienen muy poco que ver con la vida material y el mercado que, en el sentido que le da Braudel, es más contextual, competitivo y tiene menos ganancias justamente porque interactúa y se compromete más con la economí­a y la sociedad que las alberga.

Estos arreglos son ocultados para evitar la crí­tica social y para anular la competencia. Es en este contexto que hay que interpretar la firma del Tratado Minero Chile-Argentina gestado durante presidencia d! e Menem entre 1991 y 1999, un mega plan de \"crecimiento\" y \"desregulación\" que pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos mineros más grandes (y privado) del planeta. Ese acuerdo fue oportunamente complementado por una serie de leyes, códigos y normas de \"desarrollo sustentable\" que protege y asiste al sector con innumerables subsidios, ventajas impositivas y facilidades directas e indirectas. Son hermosas todas éstas leyes en cuanto a sus términos, pero son prácticamente inservibles al momento de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sus garantí­as jurí­dicas. No sirven para proteger el ambiente natural, una de las principales ventajas comparativas de la Argentina.

El anuncio de emprendimientos extractivos en gran escala podrá tener resonancias positivas para quien no tenga la precaución de investigar en detalle las condiciones concretas pactadas y las consecuencias ambientales y sociales de la minerí­a. Crecer, dirán, es lo que necesitamos. Sin embargo ocurrirí­a exactamente lo contrario de avanzar este plan, porque el triunfo estadí­stico de tal \"crecimiento\" de la \"inversión\" solo refleja una fracción del problema. A diferencia del Cerro Rico de Potosí­, que lleva más de 4 siglos de explotación, cualquier emprendimiento minero actual puede desplazar montañas de rocas, tierras y escombros en pocos años, generando inmensos cráteres y lagunas artificiales. Este plan equivale a cientos sino miles de Cerros Potosí­. La minerí­a actual prácticamente no ocupa gente y menos aún a trabajadores del lugar. En cambio \"produce\" una descomunal cantidad de residuos tóxicos y constituye una amenaza ambiental permanente, con gran cantidad de accidentes y ! conflictos documentados en todo el mundo. No responde a necesidades industriales de una economí­a nacional sino que nutre a otros circuitos industriales y especulativos que poco o nada tienen que ver con nuestras acuciantes necesidades y potencialidades. No solo \"deja\" insignificantes \"regalí­as\" sino que alimenta el destructivo circuito especulativo global, afectando los valores inmobiliarios rurales y urbanos y muchas dimensiones de la vida social y del trabajo, no solo de la zona circundante a cada explotación sino también en las ciudades más alejadas.

La zona Andino-Patagónica

Argentina, como paí­s centrado en la economí­a agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera. Un mito corriente es pensar el paí­s como un territorio \"rico\" sin tener en cuenta de qué manera concreta esa potencial riqueza es generada y controlada, con cuales beneficios (y distribuidos luego de qué manera y con cuales principios), cuales son las condiciones laborales y cuales las múltiples consecuencias ambientales, culturales y sociales, sino polí­ticas, de la instalación negligente en este caso de industrias extractivas, sea minerí­a, hidrocarburos, pesca o madera. Creemos es urgente y posible corregir esa carencia, como indica la lucha de la población y las organizaciones de Esquel y localidades vecinas.

La explotación minera a cielo abierto en la región de los bosques patagónicos y zonas vecinas de excepcional belleza significarí­a, lisa y llanamente, la transformación y devastación de una gran cantidad de cerros y valles, la tala rasa de bosques nativos y el consecuente impacto negativo sobre las poblaciones humanas y las actividades económicas asentadas en la región. Esta población vive desde hace más de un siglo en base a la utilización de los recursos naturales renovables del área. La minerí­a en gran escala también implicarí­a un ataque directo a la base económica, a las visiones del mundo y a la vida de comunidades mapuche y tehuelche que aún resisten en esta región (más del 40 % de la población regional tiene algún ancestro mapuche o tehuelche) y que la habitan desde tiempos inmemoriales.

El oro, principal objetivo de los proyectos cercanos a Esquel, ya es extraí­do con la misma técnica (a cielo abierto) en varios lugares del paí­s: Cerro Vanguardia, Santa Cruz y Andalgalá, Catamarca, son los más conocidos, pero ciertamente no los únicos. El oro, que se usa en un 85% para joyerí­a y genera gran cantidad de residuos tóxicos, constituye uno de los refugios preferidos para la especulación, especialmente durante las guerras anunciadas. En los últimos meses, sin ir muy lejos, su cotización aumentó un 15%, bordeando hoy los U$S 400.- por onza.

El proceso de explotación del oro planeado, de ser aceptado por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, utilizarí­a 6 (seis) toneladas de cianuro POR DIA en UNA de estas minas. Tal despropósito involucra el altamente riesgoso transporte por mar y tierra de ese quí­mico y la posterior liberación de sus productos de descomposición y de metales pesados a los cursos de agua, a las aguas subterráneas, a los suelos y finalmente a toda la cadena alimenticia. La voladura de más de 42000 toneladas de roca por dí­a y su posterior molienda, además de los problemas inmediatos de polvos en suspensión, dará origen en cada mina a los conocidos drenajes ácidos y a la solubilización de metales pesados, que pueden persistir por siglos, con sus secuelas de irremediable contaminación tanto de las cuencas del Atlántico como del Pací­fico.

Esto significarí­a la incalculable pérdida de calidad de vida, de biodiversidad y de potencialidad económica contrariando en forma absoluta cualquier principio de utilización de recursos de una manera ambiental y socialmente sustentable y equitativa. Como contrapartida, el capital especulativo transnacional, necesariamente asociado con un poder polí­tico local para llevar adelante semejante atentado, verí­a rápidamente engrosadas sus ganancias para marcharse una vez el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades locales y regionales.

Por todo esto creemos que es fundamental desde el ámbito cientí­fico y académico hacer explí­cito el más amplio rechazo a esta furtiva y gigantesca aventura neoliberal, surgida al amparo de la lógica de la explotación del trabajo y de la naturaleza, y movilizar todos los recursos en pos de detener este devastador atropello ambiental y social. Las múltiples ramificaciones y consecuencias de este tipo de economí­a extractiva, que alimenta mercados anónimos e insaciables pero no atiende a nuestras necesidades, deben ser investigadas en profundidad y ciertamente no en el marco de leyes y \"acuerdos\" que, precisamente, han permitido la privatización de los dictámenes técnicos y excluido la posibilidad de participación directa y vinculante por parte de la población en los procesos estratégicos decisivos.

Si desea suscribir este documento, envie un mensaje a theomai@unq.edu.ar indicando nombre, cargo e institución, y con la consigna \"adhiero\" en el asunto (subject)

Este Llamado Academico será entregado el 15 de marzo a las distintas organizaciones sociales de Esquel y la Comarca Andina, así­ como a los gobiernos municipales y provinciales de la región, a los poderes ejecutivo y legislativo del ámbito nacional, a las universidades e instituciones cientí­ficas de todo el paí­s y a los diversos medios de comunicación tanto regionales como nacionales.

Fuente: FORO DE ECOLOGí­A POLí­TICA (FEP)




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