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Argentina: Amenazas a comunidad Mapuche y Pobladores de Esquel-Chubut.
Recibida de Lamgen el 15-02-2003 a las 03:02

La fuerte oposición en Chubut a la Mina de Oro por su contaminación, genera represión como medio de querer silenciar al Pueblo.

Argentina: Amenazas a comunidad mapuche

La Corriente Clasista y Combativa Chubut repudia las amenazas al hermano Martiniano Jones Huala. Las mismas son también para toda la comunidad Mapuche y todo el pueblo de Esquel, de la Patagonia y de la Argentina que enfrentamos: el remate de la Patagonia, el Procesamiento de Martiniano y Moira, y la entrega del patrimonio de los pueblos originarios en manos del Imperialismo.

Frente a esta situación hacemos responsable a El Gobernador Lizurume por la vida de los compañeros en lucha por la dignidad y la tierra; estando claros que solo estará garantizada con la unidad y la lucha del conjunto del pueblo frente a los enemigos comunes, en el marco de la Liberación de nuestra patria.

Desde la costa, hacemos nuestras las consignas por justicia, territorio y libertad¤

Argentina: Pronunciamiento mapuche sobre el proyecto minero de Esquel
(Por Werkén Mauro Millán)

Mari mari kom pu che, Inche ta Mauro Millan ta ñi piñgey.
Lamgen, 7 de febrero.- Antes de la llegada del conquistador Pedro de Valdivia a nuestro Wallmapuche (territorio ancestral mapuche) en el siglo XVI, nuestro pueblo habitaba un extenso territorio que iba del Atlántico al Pací­fico.

Desde el Rí­o Maule hasta la Isla de Chiloé, en la Gulumapu, hoy estado chileno. Y en la Puelmapu, actual estado argentino, desde el sur de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, buena parte de Buenos Aires, las provincias de La Pampa, Rí­o Negro, Chubut y norte de Santa Cruz, compartiendo este espacio territorial con otros pueblos.

Nuestra forma originaria de organización estaba basada en la familia. Cada familia conformaba un lofche o comunidad, y cada lofche se relacionaba con el resto de los pu lofche, formando extensas redes, ya que no tení­amos una organización centralizada. Los pu lofche se reuní­an tanto para ejercer la espiritualidad, en los Nguillantun, Wiñoy Tripantu, Kamarikun; como para la resistencia durante los siglos de invasión española y posteriormente criolla (chilenos y argentinos).

Durante la guerra conformamos una instancia mucho más amplia de organización polí­tica y militar como fueron los Ayllarehue (nueve comunidades aliadas polí­tica y espiritualmente) o los Aukin Wallmapu Ngulam (consejo de todas las tierras), que era una de las máximas formas de organización mapuche.

Los miles de pu lofche, que conformábamos la gran nación mapuche tení­amos y tenemos una unidad idiomática, cultural, filosófica y polí­tica basadas en normativas milenarias. Dentro de estas normativas debemos mencionar nuestro Ad Mapu o las leyes de la Naturaleza. Como principio fundamental el Ad Mapu expresa que el mapuche es parte de la naturaleza y no dueño de ella. Es decir, que el che mapu (la gente mapuche) interactúa con el Itrofillmogen (los diferentes elementos de la naturaleza), teniendo la responsabilidad de mantener el equilibrio.

El winka a su llegada impuso otro paradigma, otra filosofí­a de relación con la Tierra y la Naturaleza, donde el hombre está por encima de todo. Entonces él no ve el bosque, no ve el rí­o, no ve el cerro; sino que ve recursos a explotar y beneficios económicos a obtener. Esta realidad no sólo se da en el Wallmapuche sino que es planetaria.

Desde la formación de los Estado-Nación a partir del siglo XIX se impulsó la reproducción ilimitada de esta lógica, homogeneizándose a los pueblos y eliminando los escollos del anti progreso, como se nos consideraba y considera a los Pueblos Originarios. Es decir, uniformando, globalizando.

En las últimas décadas del siglo XX los diferentes estados nación comenzaron a diseñar normas internacionales para el reconocimiento de nuestros derechos, producto de la emergencia polí­tica y cultural indí­gena, es decir, del fortalecimiento mundial de las luchas protagonizadas por los Pueblos Originarios. El documento de mayor trascendencia polí­tica hasta el momento es el Convenio Nº169 de la OIT, en él se reconoce nuestro derecho a practicar la cultura, espirititualidad, cosmovisión de nuestro pueblo y, principalmente, a tener un territorio donde hacerlo.

Este Convenio está en vigencia en la Argentina desde julio de 2001, asumiéndose el compromiso de implementarlo en todo el territorio nacional. En la misma dirección se pronuncian el artí­culo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artí­culo 34 de la Constitución del Chubut. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento a esta legislación. En el ámbito de la provincia se da una situación totalmente adversa, ya que no se han implementado estos derechos consagrados.

Desde la asunción de Carlos Maestro a la gobernación de la provincia se fortaleció una polí­tica monocultural, que es continuada por la actual gestión. Un ejemplo es el llano incumplimiento de la leyes que este mismo estado sanciona, como la 3657, que promueve la creación del Instituto de Comunidades Indí­genas, y la 3765, por la que se crea la Comisión de Tierras Indí­genas.

Todo esto nos demuestra que la provincia ha sancionado una baterí­a de leyes que no está dispuesta a cumplir, pero que le sirven para presentarse formalmente como una administración progresista. Hoy, con la excusa de la emergencia social y la promesa de crear fuentes de trabajo, el gobierno está impulsando la rapiña por parte de capitales argentinos y trasnacionales en nuestro territorio. La explotación minera y de hidrocarburos tiene un impacto directo sobre nuestra cultura.

Durante la crisis lanera de los "80, comenzó un importante proceso migratorio de la población rural al conurbano de la ciudad de Esquel. En 1970 la población urbana, en el departamento, era de 13771 personas, en 1991 de 26800. El mayor porcentaje de población migrante es de origen mapuche.

Este intenso movimiento migratorio de las zonas rurales hacia la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, tiene varias causas, pero una de las principales es la falta de una polí­tica acorde a la realidad cultural de la provincia. La promesa de nuevas fuentes de trabajo, alienta a una nueva corriente migratoria hacia la ciudad debido a la falta de expectiva de la población rural Mapuche.

Además del impacto social que producen estas actividades extractivas, hay que destacar el impacto ambiental. El caso neuquino es un claro ejemplo de que a los gobernantes no les tiembla el pulso al momento de hacerle pagar a la población el costo humano y ambiental producido por sus polí­ticas.

Debido a las extracciones de hidrocarburos realizadas por Repsol YPF en Loma de la Lata, fue contaminado el suelo, aire y agua en las comunidades Kaxipayñ y Paynemil. A raí­z de lo cual se registró un caso de anencefalia en la comunidad Kaxipayñ, es decir, que en el vientre de una lamgien se estaba formando un bebé sin cabeza.

Esta situación de contaminación se repite en la comunidad Gelay Ko, cercana a Zapala, donde la petrolera Alberta S.A. contaminó el territorio. Todo esto ha sucedido con la anuencia de los diferentes gobiernos neuquinos que nunca dudaron en defender a las compañí­as por los supuestos beneficios que daban a la provincia.

El publicitado anuncio de que la minera Meridian Gold comenzará en enero las obras civiles en el Cordón Esquel, sin esperar los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la realización de la Audiencia Pública, demuestra el espí­ritu corporativo de los medios periodí­sticos, el gobierno (provincial y municipal) y la minera. El silencio al que se intenta confinar a las voces disonantes alimenta las sospechas de que, con las excusa de las fuentes de trabajo y las regalí­as, se aplicará una polí­tica de dejar hacer y dejar pasar sin importar el costo humano, social y ambiental.

En este marco también Meridian Gold está realizando tareas de prospección en territorio de la comunidad mapuche Huisca-Antieco, en Alto Rí­o Corinto, sin la previa consulta a sus miembros. En este caso tanto el gobierno que lo permite, como la compañí­a que realiza las obras, están violando las constituciones nacional y provincial, y acuerdos internacionales como el Convenio 169.

¿Cuál es el precio que el Estado en crisis está dispuesto a hacernos pagar? Por su incapacidad de generar trabajos genuinos y beneficiosos para la comunidad. ¿Cuál es el precio que quieren imponernos a cambio de las migajas que piensan obtener? Estas polí­ticas rapiñeras continuarán ampliándose a medida que se agudice la crisis si no cambiamos el rumbo.

Una sociedad que está supeditada a un solo patrón cultural y que no puede ver y valorar la diversidad está condenada al sometimiento de un sistema que sigue alimentando y centralizando el poder en unos pocos, llevando a la marginalidad total a la gran mayorí­a. En los últimos siglos hemos escuchado las mismas voces y nos han impuesto las mismas ideas. Es hora de que nos dejen hablar a los 5000 pueblos originarios que existimos en el planeta, si pretendemos hacer de este mundo un mundo más respirable.

Fey kay muten. Mauro Millán. Esquel, 7 de septiembre de 2002¤




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