Igualmente se critica la prevalencia, en el Anteproyecto de Ley de la idea de monte como fuente de recursos madereros sobre todos los demás. De esta forma se marginan aspectos como la conservación de la biodiversidad o la multifuncionalidad de los montes.

Ecologistas en Acción, WWF/Adena y CCOO coinciden en la falta de tiempo que ha existido para debatir y analizar el texto entre los diferentes sectores implicados. A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que antes de la reunión de mañana, los miembros del Consejo Nacional de Bosques, contarí­an con un documento sobre el que debatir, en el aparecieran las alegaciones y propuestas admitidas y rechazadas, al dí­a de hoy no se ha recibido.

Entre las principales carencias hay que destacar la ausencia de objetivos y medidas de conservación y mejora de la biodiversidad. La ausencia de referencias a la futura red Natura 2000. El 75% de los terrenos incluidos en la red son forestales, sin embargo no se hace ninguna mención a la gestión de esos espacios. La restauración en el ALM mantiene los dos enfoques tradicionales: restauración hidrológico forestal y lucha contra la desertificación. El Anteproyecto de Ley ha olvidado incluir un capí­tulo sobre restauración de hábitats y especies forestales amenazados o en peligro y mejorar la calidad de nuestros montes.

España, al adherirse al protocolo de Kioto se compromete a adaptar los montes ante el cambio climático. El Anteproyecto de Ley ha considerado únicamente el monte como sumidero de CO2, olvidando su responsabilidad de gestionarlo para resistir los efectos del cambio climático.

En cuanto al "impulso decidido a la ordenación de montes" que supuestamente pretende el documento presentado, se detecta que las medidas recogidas son escasas y ambiguas. Una verdadera polí­tica de fomento de la ordenación pasarí­a por obligar a cualquier tipo de monte a disponer de un proyecto de ordenación (o figura similar) vigente y aplicado para poder realizar aprovechamientos en el mismo. En cambio, el ALM permite que en los montes privados (la mayorí­a de las plantaciones forestales productoras de madera están en manos privadas) se corte madera sin un instrumento de gestión aplicado. Así­ mismo, para otros tipos de montes basta que exista tal documento, sin exigir que estén siendo aplicadas las medidas contempladas en él.

En general, el ALM no aporta directrices de gestión ni para los montes públicos ni para los privados, lo cual deberá desarrollarse en las Instrucciones Básicas de Ordenación que serán elaboradas en el plazo de dos años. Consideramos que, como mí­nimo, la ley debe establecer unas directrices mí­nimas de gestión para los montes de utilidad pública y los protectores, encaminados a conseguir que se mantengan o mejores los atributos que califican a un monte como de utilidad pública o protector. En particular, se deberí­an establecer directrices para la gestión de los montes dentro de la red Natura 2000

Otro asunto muy importante es el de las ayudas económicas y las exenciones fiscales a montes: de forma general consideramos que la financiación con fondos públicos de montes debe dirigirse solamente a aquellos que supongan beneficios sociales o ambientales y de ninguna manera a aquellos con finalidad puramente productora y comercial.

En resumen Ecologistas en Acción, WWF/Adena y CCOO, consideran que la Ley de Montes debe ser una oportunidad para poner en práctica principios de desarrollo sostenible o de multifuncionalidad.